La Contraloría emitió un oficio en el que ordena devolver asignaciones irregulares entregadas a la hoy exdirectora de Salud de la Municipalidad de Santiago, Beatriz Chamorro.

El envío fue enviado a la alcaldesa Irací Hassler (PC) y nació luego de una indagatoria que se gestó tras la denuncia del presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud N°2 del municipio.

Chamorro es una de las funcionarias cuestionadas en el marco de la investigación por la frustrada adquisición de la ex Clínica Sierra Bella. Esto porque habría conocido las condiciones de compra, sin objetar los $8.200 millones que costaría la adquisición.

Recordemos que, finalmente, dicha compra-venta fue paralizada por Contraloría ante el evidente sobreprecio que quedó al descubierto luego de revisar los antecedentes del proceso.

Según informó la Municipalidad de Santiago, Chamorro renunció a su cargo hace un mes y medio. Actualmente, Óscar Álvarez ejerce como subrogante mientras se desarrolla el concurso público.

Todo nació por una denuncia donde se acusaba que Chamorro había recibido asignación de competencias profesionales bajo una figura jurídica que no correspondía, Contraloría solicitó un informe sobre esto al municipio.

En él, la Municipalidad de Santiago defendió la asignación. Sin embargo, la Contraloría le dio la razón a los denunciantes, ya que determinó que esto no se ajustaba a derecho. Por ello, ordenó la restitución de los dineros ya pagados.

“En consecuencia, dicho municipio deberá regularizar la situación observada, y, en caso de ser procedente, adoptar las medidas necesarias para obtener, previa audiencia de los interesados, el reintegro de los montos percibidos indebidamente”, se señaló en el oficio.

Se agregó que “asimismo, en el evento que dicha asignación hubiere sido otorgada en circunstancias similares para la anualidad 2023, la Municipalidad de Santiago también deberá regularizar tal situación, así como requerir, en su caso, su reintegro en los términos antes señalados, de lo que también deberá informar a este Órgano Fiscalizador dentro del anotado plazo de 15 días”.

Finalmente, se indicó que la municipalidad “deberá ponderar el inicio de un procedimiento disciplinario tendiente a establecer las eventuales responsabilidades administrativas” por esta situación.