El empresario Alvaro Castro Robles, ingeniero comercial y dueño de Best Quality Products SpA -empresa importadora de productos de China- presentó una querella por estafa en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El empresario vendió guantes, termómetros y cajas de mascarillas N95 a la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) a mediados del año pasado y, según denuncia, aún no recibe el pago.

«Estoy con un nudo en el estómago. No sé qué hacer. Yo importé esos productos, pagué los IVA y le debo al Estado el pago de más impuestos. En estos momentos, le debo a todo el mundo para poder mantenerme a flote y con un riesgo de que el proveedor venga en mi contra. Estoy totalmente desprotegido. No hay nadie que me pueda ayudar, porque esa venta se hizo efectiva y ellos recibieron los productos», relató Castro a La Tercera PM.

La acción judicial fue presentada el pasado 5 de marzo. «Se hace necesario recalcar en este punto nuestro desconcierto y asombro ante lo que consideramos hoy en día una defraudación millonaria que nos tiene al borde de la quiebra», recalcó.

Respecto al perjuicio económico, el empresario detalló que «asciende hoy en día a la suma de $ 961.667.273. Cifra a la que se arriba al considerar que el total de las ventas efectuadas a Achifarp fue de $ 1.384.817.875, monto al que debe descontarse la suma de $185.555.660 por concepto de pagos aislados e infrecuentes por parte de la referida asociación, y luego descontar $ 237.594.942 por concepto de factoring«.

Investigación

En relación al edil,  Castro detalló que «el señor Jadue nos hizo confiar utilizando su imagen pública con el sólo objeto de obtener que le vendiéramos nuestras mercaderías, cosa que realizamos de buena fe, logrando de esta forma la disposición patrimonial de nuestros insumos, los que fueron recepcionados sin reclamo alguno y que hoy en día continúan vendiendo como es posible apreciar tanto en las propias sucursales como también en la propia página web de Achifarp, lo que le ha permitido lucrar con nuestra mercadería».

Esta acción judicial fue declarada admisible y está en manos de la fiscal Giovanna Herrera, quien ya despachó una orden de investigar a la PDI.