Fernando Sibilla Olivares, abogado, recibió con orgullo y sin que él lo solicitara, la responsabilidad de ser el Encargado de Integridad (Probidad) de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, dependiente del Ministerio de Economía, en 2017. Había trabajado, entre otros temas, en la difusión del Código de Ética de esa repartición y debido a sus méritos en 25 años de trabajo en ese servicio público, recibió esa delicada responsabilidad.

 

Nunca se imaginó que sólo meses después de ser nombrado en esa alta responsabilidad sería sumariado y se pretendería destituirlo de su cargo en la Planta de ese organismo, invocándose como razón el hecho de haber informado al Ministro del ramo una solicitud de investigación enviada por la Contraloría General de la República. Es decir, se pretende su destitución por haber cumplido con el deber que le imponía el cargo.

 

En abril de 2018 tuvo acceso a un oficio de la Contraloría en el que se pedía a las autoridades de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera que se iniciara una investigación acerca de una denuncia en contra de la directora Jurídica de la repartición, Magdalena Atria. Inmediatamente, informó a la autoridad máxima de la institución, es decir, al Ministro de Economía, José Ramón Valente.

 

La reacción fue completamente inesperada y desmesurada: se abrió un sumario en su contra por “faltar a la probidad”, revelando información “confidencial”, que en realidad no tenía esa característica. Lo increíble es que el documento lo entregó precisamente al responsable del organismo, el Secretario de Estado, José Ramón Valente. Consecuencia de ello, las autoridades de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera pidieron que se abriera un sumario para destituir a Sibilla, objetivo que, en primera instancia, estarían consiguiendo.

 

Su abogado, Enrique Díaz, ha apelado a la Contraloría  General de la República de la decisión de expulsar del servicio público a este funcionario que está en el grado 1 de la Planta de ese Servicio. Argumenta en el escrito ingresado al organismo contralor que “el señor Sibilla tiene la obligación de velar por la probidad y la ética en el Servicio al cual pertenece, pues así lo establecen diferentes textos jurídicos relativos al rol de los Coordinadores de Integridad de los Servicios Públicos”.

 

Díaz precisa cuáles son los instrumentos jurídicos a los que alude. Entre otros, la Circular N° 1025 del Gabinete Presidencial, de fecha 19 de mayo de 2015; Oficio Circular N° 03 del Ministerio de Hacienda y Oficio Ordinario 1316, de ese mismo Ministerio, además de abundante jurisprudencia administrativa de la propia Contraloría.