El jefe regional del Instituto de Derechos Humanos en Antofagasta, Paulo Palma, reiteró sus cuestionamientos a la ordenanza municipal que multará a personas que duerman en las calles y realicen comercio ambulante.

Sanciones que van desde 1 a 5 UTM, contemplando el decomiso de las mercaderías y demás elementos utilizados en la ejecución de las actividades constitutivas de la infracción.

"Desde la perspectiva legal, el municipio actúa bajo su normativa y competencias al dictar una ordenanza de este tipo (...) La medida adoptada por la municipalidad no viene a atacar el fondo del problema, sino que agravará la situación y persecución a las personas en esta situación", dijo la autoridad a Emol.

Asimismo dijo que el escrito presenta incongruencias, "¿Dónde los van a notificar? No tienen domicilio fijo ni conocido. Carecen de ingresos para pagar la o las multas. Lo que deja la norma en letra muerta y no cumpliría su objetivo".

A su juicio el municipio liderado por Karen Rojo (independiente) debió concibir otros caminos que fomenten la inclusión y empatía a este sector de la comunidad, que ya de por sí se encuentran excluidos de la sociedad.

Además sostuvo que se deberían implementar otro tipo de medidas con las personas en situación de calle como programas de acompañamiento psicosocial o la implementación de un programa de capacitación de oficio o arte, "para contribuir a la superación de la pobreza de forma útil y humana".

El escrito comenzó a regir a partir de este miércoles. En él se establece que su principal objetivo es "resguardar el orden y uso de los bienes de uso público, en un marco de respeto de la Constitución y las leyes, evitando actos ilegales por parte de los ocupantes en pro del bien común".