Por María Cristina Prudant

 Convulsionada se encuentra la administración pública del país porque la raccia de funcionarios comenzó y nadie sabe en qué terminará. En lo que va de gobierno ( 30 días) de la derecha ya han despedido 500 empleados y están recurriendo a cualquier resquicio legal para eliminar personal en los distintos servicios. El presidente de la Asociación de funcionarios públicos, Anef, Carlos Insunza reconoce que los problemas son muchos, pero lucharán con todo.

También denunció que “hemos criticado y de hecho vamos a tomar medidas al respecto por que han empezado a instalarse en diversos servicios públicos a personal  que se autodenominan delegados presidenciales y ministeriales. En los hechos interventores de la gestión de los servicios y si hay algo que dejó muy claro el proyecto de reforma de la Alta Dirección Pública era que eliminaba la figura de los directivos transitorios y provisionales que el gobierno podía nombrar discrecionalmente porque se entiende que cuando alguien gana un concurso para ejercer una función tiene que poder cumplirla”.

La Anef ya se reunió  con el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para darle a conocer la situación de los despidos. En dicha reunión, el titular de la cartera aseguró que los despidos pueden ser revisados y que estos no están incluidos en las medidas de austeridad del Gobierno.

¿Proceso natural?

"Hay un proceso natural de desvinculación que ocurre al comienzo de cada gobierno con aquellos cargos o posiciones que son de confianza. Eso es algo que ocurre en todos los gobiernos. Sobre ese tema entendemos la preocupación, (...) pero las medidas de austeridad no contemplan despidos", afirmó Monckeberg.

Diputados de oposición comunicaron que están evaluando interpelar al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, tras la acusación de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) por despidos injustificados desde la llegada del nuevo gobierno.

En tanto, en alerta se declararon los funcionarios del Ministerio de Salud, luego de ocupar las dependencias de la repartición y conseguir, con ello, negociar los despidos injustificados que -acusan- ha impulsado el gobierno de Sebastián Piñera.

Según la Agrupación de Funcionarios del Ministerio de Salud, Afuminsal, las desvinculados sólo en esta cartera son más de 60, considerando a los trabajadores a plazo fijo y con contrato a honorarios.

Desmantelan servicios

Aseguran que las autoridades de la cartera se abrieron a una negociación para evaluar los casos y no descartan iniciar movilizaciones.

Para el ministro de Salud Emilio Santelices, se trata de un proceso natural en los cambios de Gobierno.

Los trabajadores acusan que al interior de la cartera hay departamentos completos que han sido desmantelados, como el de nutrición o el de infraestructura.

Recurrirán a la OIT

La presidenta de la CUT Bárbara Figueroa expresó su molestia por lo que está pasando y advirtió que si es necesario recurrirán a la OIT (Organización Internacional del Trabajo), para defender a los trabajadores.

La dirigente nacional dijo que  abordan  esta temática como Central Unitaria de Trabajadores y están  trabajando con la Anef, “que es nuestra afiliada, para acompañarlos en este proceso”.

“Pero, yo también quiero hacer un llamado de atención . Uno tiene que tener respeto por la labor de los funcionarios públicos y por quienes por  mérito están en la administración del Estado. Es evidente que aquellos funcionarios que han llegado a puestos de confianza a trabajar con una administración deben dejar sus labores, pero lo que aquí no puede ocurrir es que una autoridad que es vocera del Presidente de la República (Cecilia Pérez), diga con total liviandad que aquí la gente se cambia porque cambió el gobierno” manifestó la dirigente

Añadió: “o sea, a mi me parece que hay que tener extremo cuidado en los juicios y espero que la ministra vocera no haya querido decir que a los funcionarios públicos hoy día se les va a  perseguir y despedir por no ser del color político del gobierno porque, lamentablemente en sus declaraciones lo que ella dio a entender que aquí cuando cambian los gobiernos tienen que cambiar los  funcionarios y llegan al Estado los que representan el color político  del gobierno de turno”.

Vulneran derechos

Insistió que “me parece que eso es de una gravedad extrema porque no solamente tiene que ver con el debate de la carrera funcionaria, modernización del Estado sino que ya es, francamente de manera flagrante una vulneración de derechos fundamentales y eso, a mi me parece, que es tremendamente delicado y no podemos permitirlo. No nos podemos dar el lujo que por una efervescencia de un triunfo  electoral y nosotros no acometamos esas declaraciones, más aún, cuando Chile a partir del próximo año va a integrar el Comité de Normas de la OIT, es decir una instancia donde se debate y se defienden los derechos de los trabajadores, va a llegar con qué disposición la autoridad nacional”.

“Va a llegar con la disposición de decir que los funcionarios del Estado son grasa que aquí se cambian los funcionarios si es que tienen una posición distinta al gobierno, con esa disposición van a defender los intereses de los trabajadores . Yo en ese sentido creo que esta situación es de extrema gravedad y nosotros no descartamos, incluso, llevar esto a queja a la OIT, porque no podemos aceptar precedentes de esta envergadura.

Se vulnera la ADP

En tanto, la senadora Carolina Goic dijo “lamentar mucho que aquí, injustamente se tache a los trabajadores del sector público como operadores políticos. Los cargos de confianza son eso y cambian cuando llega un nuevo gobierno., de eso no hay ninguna duda. Pero, uno ve como se sigue vulnerando la Alta Dirección Pública, como se pierde capacidad técnica, que es una inversión del Estado, porque no son funcionarios que adhieren a determinado partido político o tendencia política. Creo que eso nos hace muy mal como país y además es muy injusto con personas que han hecho una carrera legítima en la administración pública”.

El gobierno no entiende que el Estado chileno ha avanzado

Carlos Insunza, presidente de la  Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, se refirió a la situación  de los trabajadores.

-Si bien es cierto que los trabajadores fiscales han avanzado en varios aspectos laborales, siempre que hay cambio de gobierno asoma el fantasma de los despidos ¿Cómo lo enfrentan ustedes?

Desde que se conoció el resultado de la elección presidencial los trabajadores consolidaron un plan de trabajo de la organización para enfrentar  el período de instalación del nuevo gobierno.

Este plan está concentrado en dos líneas fundamentales: la primera es la defensa de los empleados públicos, a propósito de la posibilidad de despido  y con el énfasis muy claro en que el cambio de gobierno implica no solo el derecho de este para instalarse, para dar comienzo al programa de gobierno que comprometió con la ciudadanía sino que la obligación de seleccionar las más personas idóneas en los rangos de cargos de confianza.

En todo caso, el cambio de gobierno no puede significar que el empleo público se transforme en un botín del gobierno de turno. Cuando uno escucha a la vocera de gobierno (Cecilia Pérez) afirmar que aquí hay un problema de confianzas , entonces es evidente que estamos enfrentados a una mirada  respecto del Estado y sus funcionarios que es completamente errada, que no es lo que nuestra legislación prescribe, que no es la que se ha consolidado en nuestro país los últimos 100 años de una administración pública profesionalizada , al servicio de la ciudadanía, que no depende del gobierno de turno sino que, se entiende como la institucionalidad que es permanente del Estado de Chile.

 La segunda etapa del plan es la defensa de la función pública porque algunos de los planteamientos que el gobierno ha relegado de su agenda habla de la voluntad de despotenciar la capacidad del Estado de responder a la ciudadanía y la voluntad de mercantilizar los derechos de chilenos y chilenas y a nosotros habiéndose desarrollado desde el 2011 una amplia negociación respecto de salud, vivienda, educación y finalmente de los componentes básicos que  tiene que tener  la ciudadanía,  relevando que en la problemática de la inequidad, que sigue siendo fundamental en nuestro país, se consolida a partir de la ausencia y la incapacidad del Estado de cumplir con roles de  garantía respecto de estos derechos.

Entonces,  nos parece que también nuestra organización va  a velar en el debate legislativo y en las medidas que se tomen en las instituciones para que los servicios públicos sigan siendo garantía de derechos, servicios  y de fiscalización. y de regulación

-El gobierno echará mano a todos los resquicios legales para despedir funcionarios. ¿Cómo enfrentarán esta situación?

Respecto de los funcionarios que cumplen  labores de línea en las instituciones públicas lo que nosotros hemos definido es que vamos a usar todo el instrumental jurídico disponible, vamos a requerir a la Contraloría para que detenga los despidos arbitrarios, ejercer acciones de protección en la justicia y de tutela de derechos fundamentales cuando corresponda y entendemos que es un ámbito de defensa que vamos a utilizar.

Pero, entendemos  que el rol de los dirigentes sindicales es ser contraparte de las autoridades de gobierno y por tanto hemos sido muy insistentes en abrir canales de diálogos de negociación, de conversación con las autoridades en función de buscar que, efectivamente la instalación del gobierno se pueda cursar sin ninguna dificultad, pero en los rangos que corresponde.

Varias de nuestras organizaciones afiliadas han iniciado procesos de movilizaciones y  presión porque las autoridades  o no reciben, no escuchan o no incorporan  ninguno de los elementos. En otros lugares se ha conseguido acotar los impactos de la instalación de nuevas autoridades.

En nuestra asamblea nacional extraordinaria realizada el miércoles concordamos y se ratificaron estas líneas de trabajo y además,  se ha mandatado desde la asamblea al directorio para desarrollar un plan de acción en la organización que vaya en línea con  la evaluación que tengamos de  como se sigue avanzando en estas materias.

Respecto a la Alta Dirección Pública se ha reformado recientemente. Se realizó un reforzamiento basado en las recomendaciones de la Comisión Engel que buscaba generar mecanismos de transparencia y probidad en estas materias  y es en ese marco que hoy nosotros hemos criticado a algunas autoridades, particularmente algunos intendentes, el gobierno y sus autoridades tienen mecanismos para pedir renuncias a directivos de primer y segundo nivel.

Tienen que justificar el desempeño de la persona ante el  Concejo de la Alta Dirección Pública. Vamos a tener una reunión con el nuevo director del Servicio Civil, que tiene el mandato legal de velar porque esta legislación se implemente.

Hemos criticado a los intendentes porque hacen llamados a los directivos públicos nombrados por Alta Dirección Pública para que den un paso al costado cuando se ha avanzado durante muchos años en buscar que  sean cargos reclutados por la vía del mérito de concursos públicos, pero en último caso si el gobierno estima que alguien no está cumpliendo para eso están los mecanismos legales. Aquí no corresponde que se inicie una presión a los directivos para que renuncien.

El gobierno no termina de comprender que el Estado de Chile ha avanzado en una línea de profesionalización, de independencia del ejercicio de la función pública permanente  de las autoridades de gobierno de turno y quiere controlar el Estado como si fuera un fundo o un botín y esa no es la realidad legal que rige a la administración, pero además es muy llamativo porque esta ley no solo fue  debatida sino aprobada por las bancadas que hoy son sustento del gobierno del Presidente Piñera , entonces hay una enorme incongruencia entre quienes legislan en una dirección para después cuando están en cargos de autoridad ejercer esos cargos vulnerando la legislación que han aprobado.

-Otra situación que tendrán que resolver ustedes es el tema de la suspensión de viáticos en algunas regiones.  

Esta modificación tiene un impacto en los funcionarios. El viático está definido como un subsidio que el Estado otorga a los empleados por ejercer funciones o cometidos funcionarios fuera de su lugar de trabajo,  para cubrir gastos de alimentación y de alojamiento. No es remuneración. El nuevo decreto lo que genera es que lo trabajadores para cumplir el mandato van a tener que gastar sus propios recursos. Por lo tanto hay un perjuicio económico. Esto va a entrabar la gestión del servicio público. Quizás el caso más evidente es el caso de los trabajadores de vialidad. Para tratar esto hemos acordado una mesa de trabajo con el gobierno y estudiar los casos.

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