Las perspectivas económicas del país sufrieron un fuerte ajuste a la baja para este año. La meta de crecimiento nacional cayó sorpresivamente a un 1,8%, golpeada directamente por las severas presiones inflacionarias que desató el conflicto bélico en Medio Oriente sobre el mercado energético mundial.

El violento estrangulamiento comercial disparó los precios internacionales del crudo desde los 70 hasta los 100 dólares por barril. Aunque los valores comenzaron a estabilizarse recientemente, el impacto global mermó las proyecciones inmediatas, obligando a reevaluar la sostenibilidad de la actual carga fiscal del Estado.

De acuerdo con el informe final emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la administración de José Antonio Kast debe extremar los resguardos sobre la billetera pública. El organismo exigió priorizar de forma secuencial el financiamiento del Plan Nacional de Reconstrucción para no asfixiar estructuralmente las arcas estatales al 2030.

En esa misma línea, la entidad financiera recomendó explícitamente aplicar una mayor focalización a la actual Pensión Garantizada Universal (PGU). Según plantea el documento de la Consulta del Artículo IV, consolidar los programas sociales fragmentados resulta imperativo para asegurar la eficiencia del gasto y proteger a los sectores genuinamente vulnerables.

Respecto al control de los precios locales, el FMI alertó que el Banco Central debe estar completamente preparado para subir nuevamente la Tasa de Política Monetaria (TPM). La institución multilateral aseveró que este endurecimiento restrictivo será la única salida si los costos del petróleo se mantienen altos durante más tiempo.

Pese al complejo escenario inmediato, los registros del organismo proyectan un panorama mucho más auspicioso para el año 2027. Impulsada por el alza del valor del cobre, la actividad económica chilena rebotaría hasta un 2,6%, logrando acorralar la inflación generalizada hasta la ansiada meta ideal del 3%.