El exdirector de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) Cristóbal Acevedo, que ejerció entre 2015 y 2017, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, denunció en el Congreso que la entidad pagó 3.500 millones de pesos por 30 colaciones en el año 2022, las que estaban compuestas por un snack, una fruta y un jugo.

Si se hace el cálculo matemático, el Estado, según el exfuncionario, terminó pagando unos 117 millones de pesos por cada ración.

Los nuevos antecedentes los dio a conocer en una audiencia de la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que revisa la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

La denuncia de Acevedo fue calificada como "gravísima" e "inaceptable" por los parlamentarios de la comisión revisora.

Ante el escándalo que causó esta revelación, la Junaeb emitió una declaración donde sostuvo que "el ex director presentó acusaciones gravísimas no contenidas en el libelo, las que se hicieron sin entregar los antecedentes básicos para poder verificar y responder responsablemente".

En tal sentido, el organismo señaló que las millonarias cifras informadas por Acevedo "corresponden a montos de contratos firmados previo a la llegada de este Gobierno".

Asimismo, la Junta apuntó "no es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289, un valor alto, adjudicado por el Gobierno anterior. La licitación realizada durante este periodo, obtuvo el mismo servicio, por un valor máximo de $1.093".

"No hay ninguna empresa que entregue 30 raciones, dado que el mínimo de raciones por empresas es 1.508.000 al año", añadió.

A renglón seguido, la Junaeb afirmó que "esta y toda la información de los contratos es pública, y las condiciones y precios de cada servicio se pueden encontrar en la página de Mercado Público www.mercadopublico.cl".

Agregó que "desde 2022 a la fecha, no existen contratos del Programa de Alimentación Escolar que no hayan sido conocidos y revisados por Contraloría en el control de legalidad que dicha entidad realiza a través del trámite de toma de razón".

De todos modos, la entidad anunció que, ante las diversas acusaciones, solicitaron a la Contraloría "una investigación o auditoría a los procesos de pago del Programa de Alimentación Escolar, con objeto de despejar cualquier duda además de, encontrar posibles puntos de mejora para la gestión del Programa".

Finalmente, la Junaeb remarcó que "no es posible contrastar de manera veraz y responsable la acusación realizada mientras esta no se entregue por canales formales propios o a través de los órganos de control establecidos por la Constitución y las leyes, que es la forma en que la institucionalidad puede analizar y atender este tipo de hechos".