La Justicia acogió a trámite la demanda por desafuero y la querella por estafa que Codelco presentó por sobrepagos en seguros de vida y contra accidentes a trabajadores.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, señaló que están evaluando pedir al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte de las causas.

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En particular, el Juzgado de Letras de Calama acogió la demanda por desafuero que Codelco presentó contra dirigentes sindicales de la división Chuquicamata; y el Juzgado de Garantía de la misma ciudad declaró admisible la querella por estaba que ingresó la cuprífera contra quienes resulten responsables.

Esos son los dos recursos declarados admisibles por la Justicia, convocando incluso en el primer caso a una audiencia para el próximo 9 de marzo.

Lo anterior se enmarca en una serie de acciones judiciales presentadas por la minera estatal tras advertir sobrepagos de hasta un 68% en los seguros de vida y contra accidentes para los trabajadores de las divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic, que habrían implicado perjuicios de unos US$20 millones.

En la querella se apunta contra Chilena Consolidada, que entre 2007 y 2018 fue la encargada de vender los seguros; y también a la firma Gestión y Servicios Limitada (GyS), que era la intermediaria entre la compañía de seguros y dirigentes sindicales.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, aseguró que por ahora no han contactado al Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte de las causas, pero sostuvo que si Codelco lo pide, harán las gestiones.

Estos hechos se habrían conocido mediante una denuncia anónima presentada a fines de 2018 ante el propio ministro Prokurica.

A partir de ello se encargó una fiscalización por parte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la que confirmó las irregularidades en la cuprífera.

Por eso es que esta jornada el vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, fue consultado por una autocrítica del organismo por no detectar antes este presunto fraude, respondiendo que en los últimos dos años la cantidad de fiscalizaciones aumentaron en, según él, un 28%.