La acción judicial fue interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que representa a más de 80 mil funcionarios/as públicos, y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (FEDEPRUS), que la conforman casi 4 mil trabajadores de la Salud.

Entre los argumentos de la querella, se sostiene que los querellados cometieron una negligencia grave, como descuido consciente y voluntario de sus deberes de garantizar la protección del derecho a la Vida y a la Salud de los habitantes de la Nación, que se refleja en las medidas adoptadas por el Presidente de la República y el ex Ministro de Salud en el territorio de Chile, que han tenido como resultado el fallecimiento de 10.159 personas a causa o producto del contagio de Covid-19, de acuerdo al 31° Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, sobre casos Sospechosos y Confirmados, acumulados al día 5 de Julio del año 2020.

Entre otros antecedentes, existe coincidencia que a partir de los llamados que realizó el Gobierno a las políticas de “Nueva Normalidad”, la curva de contagios en nuestro país se tornó incontrolable y el colapso de la red asistencial, fue catastrófico.

Además, se denuncian hechos que constituyen delitos de corrupción en tiempos de pandemia y se entregan antecedentes sobre la falta de transparencia en la entrega de información sobre personas contagiadas y fallecidas, como también las medidas de una falsa cuarentena que permite a los empresarios contar con miles de trabajadores asistiendo a faenas o en la venta de productos que no son esenciales.

En la querella, presentada por el abogado Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, José Peréz, presidente de la ANEF y Lina Córdova Mangili, presidenta de FEDEPRUS R.M., concluyen y sostienen que el gobierno, a través de la actuación de los querellados, no ha dado cumplimiento a los principios sobre la transparencia, y el derecho de acceso a la información pública que rige las bases generales de la Administración del Estado, y su actuar, no acata lo prescrito por la Convención Americana de Derechos Humanos, ni se ajusta a lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la obligación estatal de asegurar el derecho de acceso a la información pública, en el marco de la emergencia generada por el COVID-19.

En la querella, interpuesta por los ilícitos de cuasidelito de homicidio (Art.391 N°2), negociaciones incompatibles y tráfico de influencias (Art. 240), revelación de secretos públicos o entrega de papeles (Art. 246), denegación de auxilio (Art. 253), negativa ó retardo de protección o servicios (Art.256), y denegación de servicios (Art.257), se solicita, entre las primeras diligencias, se tome declaración al Presidente de la República. Juan Miguel Sebastián Piñera Echenique, y al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi.