La reciente decisión prácticamente unánime  de las fuerzas de la ex Concertación de rechazar la idea de legislar la megareforma económica impulsada por el gobierno ha sido presentada por algunos como una muestra de obstruccionismo político. Esa interpretación es equivocada. La votación expresa una discrepancia mucho más profunda respecto de la orientación del desarrollo económico, la distribución de sus beneficios y las condiciones políticas que permiten sostener el crecimiento en una democracia.

La discusión ha sido reducida a un desacuerdo tributario. En realidad, se trata de una controversia sobre el modelo de desarrollo que se pretende impulsar durante los próximos años. La eliminación de impuestos progresivos, la disminución de la tributación empresarial, la flexibilización de regulaciones ambientales, la liberalización de normas laborales, la desregulación crediticia y una política de ajuste fiscal forman parte de una misma visión doctrinaria. Todas esas medidas descansan sobre la convicción de que los principales obstáculos para el crecimiento se encuentran en la acción del Estado y en las restricciones que limitan el funcionamiento de los mercados.

Esa interpretación simplifica la naturaleza de los desafíos que enfrenta la economía chilena. Después de más de una década de bajo crecimiento, resulta difícil sostener que el principal obstáculo para expandir el PIB potencial sea el costo del capital. Los problemas más profundos se encuentran en el estancamiento de la productividad, en la insuficiente capacidad de innovación, en la concentración de numerosos mercados, en la persistencia de conductas rentistas que limitan la competencia efectiva y en las dificultades para generar nuevas ventajas comparativas en una economía internacional crecientemente intensiva en conocimiento.

La búsqueda de rentas constituye un problema particularmente relevante. Buena parte de las dificultades que enfrenta la economía chilena no proviene de una supuesta sobrerregulación generalizada, sino de mercados donde la competencia efectiva es insuficiente, las barreras de entrada son elevadas y ciertos actores económicos logran preservar posiciones privilegiadas mediante mecanismos que reducen la innovación y debilitan los incentivos para aumentar la productividad. Allí se encuentra una diferencia decisiva entre una agenda orientada a fortalecer la competencia y otra orientada simplemente a reducir regulaciones. La primera busca dinamizar los mercados y ampliar oportunidades. La segunda puede terminar consolidando posiciones dominantes ya existentes.

El asunto de fondo radica en que la propuesta gubernamental descansa sobre una comprensión excesivamente simple de cómo crecen las economías contemporáneas. La experiencia internacional muestra que los procesos exitosos de desarrollo dependen de una combinación mucho más compleja de factores. La calidad de las instituciones, la libre competencia efectiva, la innovación tecnológica, la infraestructura, la inversión productiva y la formación de capital humano desempeñan un papel decisivo. Las economías modernas requieren trabajadores altamente capacitados, sistemas educacionales exigentes, servicios de salud capaces de sostener trayectorias laborales estables y mecanismos permanentes de capacitación y reconversión frente a los cambios tecnológicos. Resulta legítimo preguntarse de qué manera una estrategia basada en rebajas tributarias, desregulación y reducción del gasto fortalecerá precisamente aquellas capacidades que constituyen una de las principales fuentes del crecimiento de largo plazo.

La cuestión adquiere una relevancia adicional cuando se considera la naturaleza del ajuste fiscal propuesto. La reducción del gasto público puede constituir una herramienta legítima cuando se orienta a eliminar ineficiencias, duplicidades administrativas o programas de escaso impacto. Sin embargo, una estrategia aplicada de manera amplia e indiferenciada corre el riesgo de debilitar precisamente aquellas capacidades estatales que resultan indispensables para el desarrollo. Educación, salud, infraestructura, investigación, capacitación laboral y seguridad pública no constituyen simples partidas presupuestarias. Representan inversiones estratégicas sobre las cuales descansa una parte significativa de la productividad futura de la economía. La responsabilidad fiscal forma parte de cualquier estrategia seria de desarrollo. Lo discutible es asumir que toda reducción del gasto contribuye automáticamente al crecimiento.

La dimensión distributiva del debate tampoco puede ser ignorada. Los efectos previsibles de este conjunto de medidas presentan una orientación regresiva. Los beneficios se concentran en los sectores de mayores ingresos y patrimonio, mientras una parte relevante de los costos potenciales recae sobre bienes públicos, servicios sociales y mecanismos de protección cuya importancia es mayor para los sectores medios y populares. Esto posee una dimensión ética evidente, aunque su relevancia política puede ser todavía mayor.

Las democracias no entran en crisis únicamente cuando dejan de crecer. También lo hacen cuando amplios sectores de la ciudadanía llegan a la convicción de que el crecimiento beneficia siempre a los mismos. La historia reciente de Chile constituye una advertencia suficientemente clara. Las tensiones que desembocaron en la crisis política y social de la última década no surgieron exclusivamente de problemas distributivos. También expresaron una profunda crisis de representación. Millones de personas comenzaron a percibir que las instituciones políticas habían perdido capacidad para interpretar adecuadamente sus intereses, preocupaciones y expectativas.

Ambas dimensiones se reforzaron mutuamente. La percepción de desigualdad alimentó la desconfianza hacia las élites. La desconfianza debilitó la legitimidad de las instituciones. La erosión de la legitimidad abrió espacio al crecimiento de fuerzas desafiantes que cuestionaron el funcionamiento del sistema político y denunciaron la distancia entre representantes y representados. La crisis chilena tuvo simultáneamente un componente distributivo y un componente representativo. Ignorar cualquiera de ellos conduce inevitablemente a diagnósticos incompletos.

Los escándalos de financiamiento irregular de la política que marcaron los años 2014 y 2015 desempeñaron un papel decisivo en este proceso. Más allá de las responsabilidades individuales involucradas, dejaron instalada una percepción profundamente dañina para el sistema político. Una parte significativa de la ciudadanía llegó a considerar que las principales fuerzas políticas mantenían relaciones demasiado estrechas con grupos económicos privilegiados y que las fronteras entre representación política e influencia económica se habían vuelto difusas. Aquella percepción alimentó la desafección ciudadana y fortaleció a quienes construyeron su identidad denunciando la captura de la política por intereses empresariales.

La ex Concertación fue una de las principales afectadas por ese proceso. Aunque la desconfianza alcanzó al conjunto del sistema político, el espacio que gobernó durante buena parte del período democrático cargó con una parte significativa de los costos de legitimidad asociados a aquella crisis. Esto no la absuelve de sus propias responsabilidades. Precisamente por eso, su reconstrucción exige no repetir los gestos que alimentaron la sospecha de subordinación frente al poder económico. Para un sector que todavía busca recuperar credibilidad y demostrar autonomía frente a los poderes económicos, respaldar una reforma identificada por amplios sectores sociales con los intereses de los grupos de mayores ingresos significaba un retroceso político difícil de justificar.

Esa herida permanece abierta. Por esa razón, la discusión actual posee una dimensión simbólica que trasciende ampliamente los contenidos específicos de la reforma. Aprobar una iniciativa percibida como favorable a quienes concentran una mayor proporción de los beneficios del crecimiento reactivaba precisamente las sospechas que contribuyeron al deterioro de la legitimidad de la centroizquierda durante la última década. La política opera también mediante percepciones, memorias y símbolos. Ninguna estrategia de reconstrucción puede permitirse ignorar esa realidad.

La situación adquiere una relevancia aún mayor si se observa el escenario opositor. La oposición chilena se encuentra atravesada por una disputa abierta por liderazgo, identidad y representación. El espacio conformado por el Partido Comunista y el Frente Amplio compite con las fuerzas herederas de la tradición concertacionista por la conducción del campo opositor. Esa competencia constituye uno de los principales ejes de reorganización política posteriores al rechazo del proyecto constitucional impulsado por la izquierda y el fracaso político experimentado por el gobierno de Gabriel Boric. Ambos procesos debilitaron la posición que el eje PC–Frente Amplio parecía haber alcanzado tras el estallido social y reabrieron una disputa por la representación de la oposición.

En ese contexto, respaldar la principal iniciativa económica del oficialismo constituía un error estratégico de proporciones. La ex Concertación quedaba expuesta a una acusación particularmente eficaz: que sus diferencias con la derecha se disuelven cuando entran en juego intereses económicos relevantes. Ese flanco debilitaba su capacidad para reconstruir una identidad propia y podía producir un daño considerable y duradero.

Existe además una consideración adicional que suele ser ignorada por los administradores de coyunturas. Cuando una fuerza política considera que una determinada estrategia económica contiene errores de diagnóstico y riesgos fiscales, distributivos y políticos significativos para el país, resulta razonable que quienes la impulsan asuman íntegramente la responsabilidad por sus resultados. Aprobar la idea de legislar diluía esa responsabilidad política. Si el programa económico del gobierno produce los efectos que sus promotores anticipan, serán ellos quienes reciban el reconocimiento correspondiente. Si produce resultados distintos de los esperados, también deben ser ellos quienes respondan ante la ciudadanía. Una oposición democrática responsable no tiene la obligación de transformarse en coautora de políticas que considera equivocadas.

La reconstrucción de una alternativa reformista supone autonomía política e intelectual. Exige distancia respecto de las pulsiones refundacionales que contribuyeron al fracaso del proyecto constitucional rechazado por la ciudadanía y respecto de los errores que llevaron al gobierno de Boric a perder sintonía con preocupaciones tan relevantes como el crecimiento económico, la seguridad y la migración irregular. Obliga igualmente a tomar distancia de una agenda ultraliberal que pretende resolver problemas complejos mediante respuestas excesivamente simples.

El crecimiento económico y la legitimidad social no son objetivos contrapuestos. Las sociedades que logran sostener procesos prolongados de desarrollo suelen ser aquellas donde amplios sectores perciben que los beneficios del progreso se distribuyen de manera razonablemente equilibrada y donde las instituciones conservan capacidad y autonomía para representar intereses diversos dentro de un marco compartido de reglas. El crecimiento requiere inversión, innovación y emprendimiento. También necesita confianza, cohesión social y legitimidad democrática.

Por esa razón, la controversia actual trasciende ampliamente una votación parlamentaria puntual. Lo que se encuentra en discusión es cómo se configura una alternativa a dos respuestas que han demostrado ser insuficientes frente a los problemas de Chile. Durante la última década el país conoció la ilusión refundacional que confundió malestar social con mandato constituyente irrestricto. Hoy enfrenta una ilusión inversa, según la cual los problemas de productividad, legitimidad y cohesión pueden resolverse mediante desregulación, rebajas tributarias y reducción del Estado. Ninguna de esas respuestas aborda adecuadamente la doble crisis de representación y distribución que se encuentra en el origen del malestar chileno.

La reconstrucción de una alternativa democrática y reformista exige una estrategia de desarrollo capaz de enfrentar simultáneamente ambos desafíos. Esa estrategia debe apoyarse en el fortalecimiento de la productividad, en una política decidida de innovación, en una libre competencia efectiva que limite las conductas rentistas y reduzca la concentración excesiva de los mercados, en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, en la inversión en infraestructura y en una inserción internacional promotora de actividades con mayor valor agregado.

Debe descansar igualmente en la formación de capital humano, en una educación de calidad, en sistemas de salud eficaces y en mecanismos de capacitación laboral pertinentes a las transformaciones tecnológicas y productivas del siglo XXI. Debe preservar la responsabilidad fiscal mediante una asignación rigurosa de recursos públicos y una evaluación permanente de su eficacia. Debe ser capaz de promover crecimiento económico sostenido, fortalecer la cohesión social y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

La responsabilidad política consiste muchas veces en negociar. En otras ocasiones consiste en establecer límites. La votación reciente pertenece a esta segunda categoría. Las fuerzas de la ex Concertación parecen haber comprendido que aprobar la idea de legislar suponía validar un diagnóstico económico equivocado, asumir los costos de una reforma que juzgan irresponsable y regresiva, y debilitar su capacidad para reconstruir una alternativa propia en medio de una persistente crisis de representación.

En estas circunstancias, lo políticamente responsable consistía precisamente en decir no.