Por Guillermo Cabezón
El Juzgado de Garantía de Villa Alemana admitió a tramitación querella criminal por los presuntos delitos de fraude al fisco y malversación de fondos públicos contra quienes resulten responsables a partir de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República.
El Juzgado de Garantía al declarar admisible la querella, da cuenta que los hechos denunciados revisten el carácter de posibles delitos por lo que ordena sean investigados por la Fiscalía Local. La Resolución Judicial con fecha 8 de abril de 2021, también pone en conocimiento del Ministerio Público las diligencias de investigación solicitadas, entre las cuales están la citación a declarar del actual alcalde de Villa Alemana, José Sabat Marcos, en la foto, y el ex Director de Desarrollo Comunitario Nelson Estay Molina, entre otros nombres.
La querella presentada por Nicolás Concha gestor cultural y fundador de la “Agrupación Villa Alemana por el Medio Ambiente” es a partir de las irregularidades detectadas en el período 2017 a 2019, por parte de la entidad fiscalizadora ,entre las que se detectaron pago de pólizas de seguros de vehículos que se encontraban dados de baja por decreto alcaldicio, contrataciones de servicios a través de trato directo sin licitación pública y sin acreditar la excepcionalidad a la ley, conciliaciones bancarias sin aclarar por alrededor de $60.000 mil millones en los tres años auditados, contratación de 26 personas asignadas a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y que no se relacionan directamente con el programa de beneficios a la comunidad, la ausencia de manuales de procedimientos del período auditado, entre otras faltas de carácter financiero, contable, legal y administrativo.
Señala la querella que dichos reparos efectuados por la Contraloría General de la República, son de tal magnitud que involucran cientos de millones de pesos que pudieron ser desviados a otros fines y que es necesario que la Justicia actúe a fin de determinar, si finalmente existen delitos comprometidos, además del desorden ya constatado por el máximo órgano contralor.
Finalmente se concluye pidiendo el máximo de las penas establecidas por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, contra quienes resulten responsables por los hechos punibles señalados, contemplados y sancionados en los Artículos 236 y 239 del Código Penal.
