El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el pasado 27 de febrero la solicitud que realizó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para incautar "todos los teléfonos celulares" pertenecientes y/o que hayan utilizado en ese entonces, la exsenadora Isabel Allende, la exministra Maya Fernández, el abogado de la familia Allende Bussi, Felipe Vio, y otros funcionarios de Gobierno involucrados en la trama de la fallida compra venta de la casa del expresidente Salvador Allende. 

La orden implicaba allanamientos al gabinete del Presidente Boric en La Moneda donde trabajaban Miguel Crispi y Leonardo Moreno, la casa de calle Guardia Vieja de Providencia donde vive Isabel Allende y las oficinas del Congreso donde tenía oficina la exsenadora, y la casa y oficinas de la exministra de Defensa Maya Fernández. Todo un operativo policial que provocaría una gran polémica.

El Ministerio Público justificó la medida apelando al contenido de la conversación telefónica que sostuvo Miguel Crispi con su madre, la socióloga y exministra Claudia Serrano (PS), donde señala: “Si bueno, ella tiene mucha responsabilidad en esto, mucha”.

“O sea, llamó hasta al portero del Ministerio, webiando, webiando, webiando (sic), que se haga, que se haga, que se haga, que se haga así, que se haga así, tiene mucha responsabilidad y el abogado de la familia Allende”, añade.

"Sí, y la Maya (Fernández), o sea, yo creo que es una familia totalmente incompetente", complementa.

Además de solicitar acceso a los teléfonos de Crispi, Allende y Fernández, la Fiscalía buscaba tener acceso a los equipos del abogado del representante de la familia Allende, Felipe Vio, del exjefe de seguimiento de Presidencia, Leonardo Moreno, y de la abogada del gabinete presidencial, Bernardita Nazar.

Asimismo, en caso de no encontrarse en poder de estar personas, solicitaban una orden de entrada y registro sin previa notificación de los lugares donde residen o trabajan, tales como el Palacio de La Moneda, el ministerio de Defensa o el Congreso.

Sin embargo, el Poder Judicial dio "no ha lugar" a la solicitud, argumentado que "no resulta presumible su participación en estos hechos por la clara existencia de vínculos o afinidades políticas entre los funcionarios que participan del proceso (...) ya que aquello constituye una clara representación del derecho penal de autor, repudiado por el derecho penal moderno y que, por lo demás, es un antecedente común dentro del trabajo legislativo y administrativo".

Además, apuntan que "los antecedentes aportados no dan cuenta de eventuales presiones indebidas respecto del avalúo del inmueble, toda vez que el envío de un escrito a fin de oponer objeciones respecto del precio de tasación y avalúo de este no puede estimarse per se como tal, tratándose de una petición dentro de los márgenes permitidos al vendedor en todo proceso de compra, inclusive en la expropiación"