Este lunes, el Tribunal de Rotterdam declaró admisible la petición de la Fiscalía y de Cancillería para extraditar a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien se fugó de Chile tras ser condenada por la Corte Suprema por fraude al Fisco.

A través de un comunicado en la página web oficial del poder judicial del país europeo, se señala que "el 30 de marzo de 2022, las autoridades holandesas recibieron una solicitud de las autoridades chilenas para la extradición de K.R.V., quien fue condenada el 18 de enero de 2021 por un tribunal penal chileno, el Juzgado de Instrucción Penal de Antofagasta, por los delitos de estafa de servidor público". 

"El Tribunal Penal de Róterdam ha juzgado esta solicitud en audiencias de 2022 y 2023. Hoy ha tomado una decisión en este caso y, teniendo en cuenta los límites de competencia del tribunal dictados por el derecho holandés e internacional, ha dictado como admisible la extradición de K.R.V.", se indicó en el escrito.

Agregan que de ahora en adelante "queda en manos del Ministro de Justicia decidir si la persona solicitada será extraditada a Chile".

"Cabe señalar que, en una carta adjunta al Secretario de Justicia de los Países Bajos, el Tribunal de Róterdam ha dado al Ministro en consideración esperar el resultado del procedimiento de asilo holandés por parte de la persona solicitada y también solicitar garantías a las Autoridades chilenas para la seguridad de la persona requerida a su regreso a Chile", finaliza el comunicado. 

La Corte Suprema condenó a Rojo el pasado 23 de marzo del 2022, a una pena efectiva de cinco años y un día de presidio por el delito consumado de fraude al fisco.

La exalcaldesa se fugó del país ese mismo día en un vuelo que la llevó hasta Países Bajos. La Oficina Central Nacional de Interpol Santiago emitió el 24 de marzo una alerta roja internacional para solicitar su detención. 

Según acreditó Fiscalía, entre octubre de 2015 y agosto de 2016, la exjefa comunal usó recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta para pagar servicios de una agencia de comunicaciones para fines personales, de cara a su reelección.