El gobierno de José Antonio Kast ha sido sometido desde su instalación a una inflación de etiquetas. Fascismo, autoritarismo, iliberalismo y populismo suelen aparecer como expresiones intercambiables, pese a que describen fenómenos diferentes. Estas categorías circulan a través de la prensa, las redes sociales y el discurso de sectores opositores, donde frecuentemente cumplen una función de confrontación antes que de precisión conceptual. Su rápida difusión y su resistencia relativa frente a la evidencia empírica hacen necesario un ejercicio analítico más riguroso.

No existe evidencia que permita caracterizar al gobierno como fascista. Tampoco se observa hasta ahora un patrón sistemático de conducta iliberal orientado a debilitar las elecciones, los tribunales, las libertades públicas o los organismos autónomos. Ha ejercido el poder dentro de los procedimientos de la democracia constitucional, sujeto a los controles del Congreso, de los tribunales y de los organismos autónomos, y expuesto a una oposición activa y a una opinión pública muy crítica.

Estas constataciones no suponen aprobar sus políticas ni ignorar los componentes más controvertidos de la identidad republicana. Solo fijan el punto de partida empírico. Si toda derecha intensa pasa a ser fascista, todo endurecimiento penal se convierte en autoritarismo y toda crítica a las élites se vuelve populismo, las categorías dejan de ser útiles para distinguir la realidad y pierden valor explicativo.

La caracterización más precisa es distinta. Republicanos es un partido de origen desafiante e institucionalmente integrado. El gobierno combina conservadurismo moral y cultural, punitivismo en seguridad y ultraliberalismo económico, y procura desarrollar ese programa mediante una estructura de apoyos que no constituye una coalición política propiamente tal.

El Partido Republicano surgió cuestionando a la izquierda y al «progresismo», pero también a la derecha tradicional, a la que reprochó su desempeño gubernamental, su disposición a transar y su presunta falta de firmeza para defender las posiciones del sector. Modificó las prioridades de la derecha, desplazó a Chile Vamos de la conducción presidencial y obligó a sus partidos a reaccionar frente a una agenda centrada en seguridad, orden público, inmigración irregular, autoridad y posiciones conservadoras en materias culturales y valóricas.

La condición desafiante tampoco permite clasificarlo, por sí sola, como un partido antisistema. Un partido antisistema impugna la legitimidad de las reglas, los valores o las instituciones centrales del orden político. Siguiendo la tipología bidimensional de Mattia Zulianello, que distingue la posición sistémica de un partido de su relación efectiva con el régimen democrático, Republicanos se ubica en el cuadrante del partido desafiante e integrado en el sistema, fuera del correspondiente al partido antisistema propiamente tal.

Ha participado en elecciones, reconocido sus resultados, actuado en el Congreso, tomado parte en los procesos constitucionales y llegado al poder mediante los procedimientos vigentes. Ha alterado profundamente la competencia partidaria, sin poner en cuestión hasta ahora la legitimidad del régimen democrático.

Tampoco corresponde aplicarle mecánicamente las categorías de nativismo o nacional-conservadurismo. Republicanos no ha construido su discurso alrededor de una comunidad nacional étnica o culturalmente homogénea. El control fronterizo, la expulsión de inmigrantes en situación irregular y una política migratoria restrictiva pueden ser criticados por su contenido o sus efectos, aunque no constituyen por sí mismos una ideología nativista.

La integración institucional de Republicanos convive, sin embargo, con una relación ambivalente con la dictadura de Pinochet. Kast ha defendido reiteradamente sus logros y políticas públicas. Sus declaraciones sobre Pinochet y ese período han sido contradictorias. Ha afirmado que no es pinochetista, ha reconocido el carácter autoritario del régimen y ha condenado las violaciones de derechos humanos, pero también ha reivindicado parte de la obra de la dictadura y ha establecido diferencias favorables entre la dictadura chilena y otras autocracias.

Esta ambivalencia forma parte de la identidad histórica de Kast y del Partido Republicano. Constituye, además, un antecedente relevante para evaluar la conducta futura del gobierno frente a las restricciones institucionales, más allá del comportamiento efectivamente desarrollado hasta el momento.

A ello se suma su inserción en una red internacional de ultraderecha. El término se utiliza aquí para identificar una familia política transnacional situada a la derecha de los partidos conservadores tradicionales. No designa necesariamente una orientación fascista ni permite presumir, por sí solo, una conducta antidemocrática.

Kast mantiene una relación prolongada con Vox, la Fundación Disenso y Foro Madrid. Fue uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid y ha participado en encuentros junto con Santiago Abascal, Javier Milei y otros dirigentes de ese espacio político. Santiago será en septiembre la sede de una nueva reunión regional de Foro Madrid, organización que se presenta como una alianza internacional contra el socialismo y articula partidos, fundaciones y centros de pensamiento a ambos lados del Atlántico.

Esta pertenencia importa porque facilita la circulación de discursos, estrategias y programas sobre reducción del Estado, seguridad, guerra cultural y oposición al «progresismo». No demuestra por sí sola que el gobierno chileno vaya a reproducir las conductas de otros integrantes de la red. Sí permite situar a Republicanos dentro de esa familia política y comprender mejor sus referencias ideológicas.

Esas redes permiten también examinar, en sentido inverso, las experiencias de otros partidos y gobiernos vinculados a ese espacio. Sus conductas frente a los tribunales, la prensa y los organismos autónomos ofrecen señales de alerta y un parámetro externo útil para evaluar al Ejecutivo chileno.

En el plano programático, las tres dimensiones señaladas adquieren expresiones concretas.

El conservadurismo se manifiesta en la defensa de concepciones tradicionales sobre la familia, el aborto, la sexualidad, la educación y la autoridad. El punitivismo se expresa en la confianza depositada en la respuesta policial y penal, el endurecimiento de las penas, la expansión del encarcelamiento y el control territorial. El ultraliberalismo se advierte en la prioridad otorgada a la rebaja de impuestos, la desregulación, la iniciativa empresarial y la inversión privada como motores del crecimiento económico.

La defensa de la propiedad, las empresas y los mercados no basta para identificar una orientación ultraliberal. Esta aparece cuando se atribuye al mercado y a la iniciativa privada una capacidad absoluta para organizar la economía y resolver problemas colectivos, mientras la tributación, la regulación y la acción estatal son concebidas como obstáculos.

Esta orientación corresponde, en términos analíticos, al proceso que Karl Polanyi denominó desincrustación de la economía respecto de los controles sociales e institucionales. Wolfgang Streeck ha mostrado, desde otra perspectiva, cómo las presiones de los mercados y las restricciones fiscales han limitado progresivamente la capacidad de decisión democrática en los capitalismos contemporáneos.

La expresión más completa de este programa es el proyecto para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, la principal iniciativa legislativa del gobierno. La llamada megarreforma permite observar tanto la orientación sustantiva del Ejecutivo como la precariedad política de los apoyos mediante los cuales intenta implementarla.

La iniciativa reunió disposiciones tributarias, laborales, ambientales y regulatorias. Entre sus componentes se encuentran la reducción gradual del impuesto de primera categoría desde el 27 % al 23 %, el restablecimiento gradual de la integración total del sistema tributario, incentivos a la contratación, beneficios relacionados con la vivienda y un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.

La propuesta original concedía 25 años de estabilidad impositiva para inversiones desde US$50 millones. Durante la negociación parlamentaria se anunció primero una escala de 10, 15 y 25 años. La fórmula aprobada durante la tramitación estableció plazos de 10, 15 y 20 años según el monto de la inversión e incorporó una sobretasa corporativa para las empresas acogidas al régimen. En esta materia, el Ejecutivo debió acotar su propuesta inicial para reunir los apoyos necesarios. Las concesiones permitieron mantener en curso la iniciativa, pero no transformaron esos apoyos en una mayoría política permanente.

El ultraliberalismo gubernamental no se limita a la reducción de impuestos y a la desregulación. Su otro componente es el recorte del gasto público.

Kast comprometió durante la campaña una disminución cercana a US$6.000 millones. El primer Informe de Finanzas Públicas de su administración registró medidas de contención y eficiencia por $1.307.729 millones, equivalentes al 0,4 % del PIB, distribuidas entre 27 reparticiones. Los mayores montos se concentraron en áreas sociales, mientras Cultura experimentó la reducción proporcional más intensa.

El Ejecutivo sostiene que este esfuerzo puede descansar en la eliminación de duplicidades, la revisión de programas, el congelamiento de vacantes, la reducción de asesorías y una gestión más eficiente. La magnitud y distribución de las medidas generan, sin embargo, dudas fundadas sobre sus efectos en la capacidad estatal y en la provisión de servicios sociales.

El problema no se agota en la cantidad total de recursos. También involucra aquello que el Estado estará en condiciones de hacer después de los recortes y el costo político que ese repliegue puede generar en la percepción ciudadana sobre su capacidad para responder a las necesidades más inmediatas.

La orientación general puede sintetizarse en una fórmula. Menos Estado económico y social, más Estado coercitivo, fronterizo y ordenador. El gobierno procura reducir el alcance tributario, regulatorio, productivo y redistributivo del aparato público, mientras fortalece sus capacidades policiales, penitenciarias y de control territorial.

Este programa enfrenta una dificultad política fundamental. Kast gobierna sin coalición.

Una coalición requiere un programa efectivamente compartido, instancias de conducción común, procedimientos para resolver controversias, coordinación parlamentaria y responsabilidad colectiva por los resultados. La coincidencia electoral, el respaldo en segunda vuelta y la presencia de militantes de distintas colectividades en el gabinete no bastan cuando esos mecanismos no existen.

Esta dificultad no resulta exclusiva del caso chileno. Corresponde al problema clásico identificado por Scott Mainwaring para la combinación de presidencialismo y multipartidismo en América Latina, agravado por la tensión entre las legitimidades separadas del Ejecutivo y del Congreso que Juan Linz situó entre los riesgos estructurales del régimen presidencial.

La relación entre el Ejecutivo y los partidos que lo respaldan está marcada por una discrepancia política y conceptual. La Presidencia ha comenzado a utilizar la expresión «coalición de gobierno» y mantiene reuniones periódicas con las directivas de Republicanos, RN, la UDI y Evópoli. Esa denominación no es compartida por todos los participantes ni describe adecuadamente la forma en que funciona el gobierno.

Renovación Nacional ha reiterado que es un partido colaborador y que no integra una coalición. La dirección de Republicanos, por su parte, no ha mostrado interés en constituir una coalición con Chile Vamos y ha privilegiado una relación flexible, centrada en la gestión gubernamental y en la coordinación legislativa.

La propuesta de RN de crear comités políticos regulares, mecanismos de coordinación parlamentaria, una secretaría técnica y procedimientos para resolver controversias confirma que la coordinación existente es insuficiente y que los partidos no actúan como una coalición plenamente estructurada.

El gobierno se articula en torno a un partido presidencial, partidos colaboradores de Chile Vamos, numerosos ministros sin militancia partidaria y apoyos parlamentarios variables. La Presidencia puede denominar coalición a ese conjunto, pero el uso oficial del término no basta para crear la realidad política que pretende describir.

La arquitectura política del gobierno puede comprenderse mediante tres ejes que no coinciden. El eje gubernamental vincula a Republicanos con Chile Vamos. El eje ideológico aproxima a sectores republicanos al Partido Nacional Libertario. El eje legislativo obliga al Ejecutivo a negociar con el Partido de la Gente y con otros sectores según cada proyecto y cada cámara.

La composición inicial del gabinete reflejó la debilidad de la articulación partidaria. De los 24 ministros nombrados, 16 carecían de militancia partidaria y solo dos militaban en Republicanos. Esa independencia formal no significaba neutralidad social o económica. Varios provenían de grandes empresas, gremios empresariales, consultoras, estudios jurídicos y centros de pensamiento vinculados al sector privado. Sus trayectorias les aportaban experiencia técnica, redes económicas y cercanía con el mundo empresarial.

El diseño del gabinete buscó aportar capacidad de elaboración económica, redes privadas y credibilidad frente a los grandes inversionistas, pero mantuvo una conexión débil con las bancadas parlamentarias. Los ministros independientes pueden administrar, elaborar políticas y relacionarse con actores económicos. Carecen de parlamentarios propios y no pueden, por sí mismos, garantizar ni comprometer disciplinadamente los votos de una bancada.

La temprana rotación de autoridades puso de manifiesto problemas de reclutamiento, control y conducción política que resultan consistentes con algunas debilidades del esquema gubernamental, aunque no pueden atribuirse exclusivamente a la ausencia de una coalición. En poco más de cuatro meses dejaron sus cargos dos ministras, cinco subsecretarios y al menos 27 secretarios regionales ministeriales. El recuento incluye renuncias, remociones y algunos nombramientos revocados antes de hacerse efectivos. La mayor parte de las salidas se concentró en el nivel regional, pero el primer cambio de gabinete se produjo apenas 69 días después de la instalación del gobierno.

Una coalición tampoco impide errores de nombramiento. Puede, sin embargo, distribuir el reclutamiento, establecer controles cruzados y comprometer a los partidos con las autoridades que proponen. Un gobierno sustentado en colaboradores e independientes concentra esas decisiones en un círculo más reducido y vuelve menos clara la asignación de responsabilidades.

En el eje gubernamental, RN, la UDI y Evópoli aportan cuadros, experiencia estatal, redes territoriales, conocimiento legislativo y capacidad de negociación.

Chile Vamos ocupa, sin embargo, una posición particularmente compleja. Ha desempeñado un papel auxiliar en la conducción política. Republicanos controla la Presidencia, determina las prioridades generales y posee mayor capacidad para atribuirse los eventuales éxitos. RN, la UDI y Evópoli aportan recursos administrativos y parlamentarios sin ejercer una dirección política equivalente.

Ese papel auxiliar dista de ser irrelevante. Chile Vamos hace posible una parte importante de la gestión y conserva autonomía para fijar límites. Sus cuadros entregan experiencia, sus parlamentarios amplían la base legislativa y sus partidos conectan al Ejecutivo con una prolongada trayectoria de competencia electoral y ejercicio gubernamental dentro del régimen democrático desarrollado desde 1990.

Los conflictos de estos meses muestran que la derecha tradicional no ha acompañado automáticamente las iniciativas de Republicanos o del PNL. Las diferencias han aparecido frente a controversias jurídicas, políticas, culturales y económicas muy inferiores en gravedad a una eventual vulneración institucional.

La acusación constitucional contra Nicolás Grau ofreció una primera señal. Republicanos y el PNL impulsaron el libelo, mientras sectores de Chile Vamos cuestionaron sus fundamentos, reclamaron mayor deliberación y conservaron libertad de voto. En el Senado, sus cuatro capítulos fueron rechazados por mayorías amplias. El episodio confirmó que la colaboración gubernamental no produce obediencia automática y que los partidos tradicionales conservan criterios jurídicos y políticos propios.

La discusión sobre indultos para agentes del Estado condenados por delitos cometidos durante el estallido social mostró una diferencia especialmente grave. Parlamentarios del PNL y Republicanos promovieron una solución general, mientras dirigentes de la derecha tradicional defendieron el análisis individual. El propio presidente optó por examinar los casos separadamente.

La controversia expuso diferencias sobre responsabilidad personal, cumplimiento de las sentencias y separación de poderes. También reveló una mayor resistencia de Chile Vamos frente a una fórmula que podía borrar distinciones jurídicas relevantes y afectar decisiones adoptadas por los tribunales.

Las tensiones culturales han sido igualmente visibles. El proyecto «Escucha su corazón», impulsado por parlamentarios del PNL y Republicanos, pretendía incorporar la escucha de la actividad cardíaca embrionaria o fetal al procedimiento previo a un aborto permitido por la ley. Ximena Ossandón, diputada de RN, retiró su patrocinio al advertir que el texto convertía esa escucha en una condición para acceder al procedimiento. Andrés Celis, también de RN y presidente de la Comisión de Salud, decidió no priorizar su tramitación.

El episodio expresó una incomodidad política real. La UDI tiene posiciones conservadoras próximas a Republicanos en diversas materias. RN reúne sensibilidades diferentes y Evópoli posee una orientación culturalmente más liberal. La diversidad interna de Chile Vamos dificulta que una sola agenda valórica sea asumida por todo el campo gubernamental.

La propuesta de Arturo Squella de incorporar capital privado a Codelco mostró que tampoco existe plena coincidencia en el ámbito económico. El Ejecutivo descartó una privatización y dirigentes de la derecha tradicional manifestaron reservas. La dirección del partido presidencial planteó así una transformación que el propio gobierno debió acotar públicamente.

Estos antecedentes permiten formular una inferencia razonable. Una conducta del gobierno contra las reglas democráticas probablemente encontraría resistencia en Chile Vamos y podría producir una crisis gubernativa. Sus partidos poseen una trayectoria institucional, intereses electorales y sectores internos para los cuales resultaría muy costoso acompañar una intervención sobre elecciones, tribunales, libertades públicas u organismos autónomos.

La ausencia de coalición refuerza ese contrapeso. Los colaboradores tienen obligaciones débiles y mayor libertad para abandonar el gobierno. Esta flexibilidad dificulta la coordinación cotidiana y también encarece políticamente cualquier transgresión institucional.

El eje ideológico acerca a sectores republicanos al Partido Nacional Libertario. Agustín Romero calificó al PNL como un aliado natural y sostuvo que tenían más coincidencias con ese partido que con Chile Vamos. Benjamín Moreno explicó que los libertarios eran el grupo con el cual Republicanos mantenía mayores similitudes ideológicas. Estas declaraciones generaron malestar entre los partidos que participan en el gobierno.

El PNL mantiene con Republicanos importantes afinidades en materias económicas y valóricas, así como en la interpretación del pasado dictatorial. Su ubicación externa le permite apoyar iniciativas coincidentes con su programa, criticar la «moderación» del gobierno y competir por la representación del electorado situado más a la derecha. Puede presionar sin asumir ministerios, restricciones presupuestarias ni costos administrativos.

El eje legislativo obliga al Ejecutivo a negociar con el Partido de la Gente y con otros sectores según cada proyecto y cada cámara. Los catorce diputados del PDG pueden resultar decisivos para alcanzar los 78 votos de la mayoría absoluta en la Cámara. Como el partido carece de senadores, una mayoría construida con sus votos en la Cámara debe ser reconstituida mediante otra combinación política en el Senado.

Republicanos administra así el Estado con quienes le aportan capacidad gubernamental, conserva afinidad con quienes están más próximos a su identidad ideológica y legisla con quienes disponen de los votos necesarios. Esta separación explica buena parte de las tensiones de los primeros meses.

La tramitación de la megarreforma confirma la precariedad parlamentaria del Ejecutivo. La idea de legislar recibió inicialmente 90 votos en la Cámara, frente a 59 rechazos y una abstención. Ese respaldo relativamente amplio no se convirtió en una mayoría permanente y disciplinada. En la discusión particular, algunas disposiciones fueron aprobadas por 81 u 84 votos. En el tercer trámite, normas relevantes obtuvieron 82 apoyos y la proposición de la Comisión Mixta reunió 80, solo dos más que los 78 exigidos.

En el Senado, la aprobación general reunió 26 votos favorables, 23 contrarios y una abstención. El gobierno obtuvo exactamente el mínimo necesario para continuar la tramitación. Su principal iniciativa avanzó mediante concesiones, negociaciones sucesivas y apoyos heterogéneos. El Ejecutivo mostró capacidad para reunir las mayorías necesarias y evitar su derrota, pero no consiguió construir una base parlamentaria amplia, cohesionada y estable.

El desenlace legislativo y constitucional aún no se encuentra completamente cerrado. El Senado debe pronunciarse sobre el informe de la Comisión Mixta, referido al mecanismo de compensación a los municipios por la menor recaudación que generará la exención de contribuciones para adultos mayores. A ello se agregan los tres requerimientos presentados por la oposición ante el Tribunal Constitucional.

Dos fueron patrocinados por senadores y uno por diputados. Las impugnaciones cuestionan la invariabilidad tributaria y disposiciones ambientales relacionadas con las resoluciones de calificación ambiental, las atribuciones de los tribunales y otras materias incorporadas al proyecto.

La decisión del Tribunal puede modificar componentes relevantes de la megarreforma. También ofrecerá información sobre el comportamiento institucional del gobierno. Una sentencia adversa, si la hubiera, permitirá observar si el Ejecutivo acata el control constitucional y adapta su iniciativa dentro del marco jurídico, o si intenta eludir los efectos sustantivos del fallo mediante mecanismos incompatibles con su sentido. Hasta ahora no existe antecedente alguno que permita presumir un desconocimiento del fallo, pero el episodio ofrecerá un indicador relevante del compromiso institucional del gobierno.

La pronunciada caída de la aprobación presidencial completa el cuadro político. La última medición de Pulso Ciudadano, difundida el 2 de agosto, sitúa el respaldo a Kast en 25,6 %. La encuesta anterior ya había registrado un mínimo de 28,9 %, después de un descenso desde el 47,5 % observado en la primera quincena de marzo.

Ese descenso coincide temporalmente con el «bencinazo», la aplicación de los recortes fiscales, las controversias valóricas y la persistencia de las preocupaciones ciudadanas por la delincuencia, la seguridad y el empleo, aunque todavía no sea posible establecer el peso específico de cada factor.

La baja popularidad no constituye por sí sola una garantía democrática. El compromiso de los actores con el régimen se evalúa principalmente mediante su conducta, que incluye tanto las decisiones efectivamente adoptadas como las señales de tolerancia hacia el pasado autoritario entregadas por el propio gobierno.

Un presidente respaldado por aproximadamente una cuarta parte de la ciudadanía, sin coalición, sin mayoría propia en ninguna cámara y dependiente de colaboradores autónomos posee, sin embargo, un margen político estrecho para impulsar una transformación institucional. Esa debilidad no elimina la necesidad de observar su disposición frente a las reglas democráticas.

Con los apoyos actuales y ante los contrapesos existentes, el gobierno difícilmente podría producir hoy una regresión institucional. Las señales discursivas conservan, sin embargo, relevancia, porque pueden normalizar determinadas posiciones y anticipar la orientación que asumiría el Ejecutivo bajo condiciones políticas más favorables.

La debilidad del oficialismo tampoco garantiza una alternancia ordenada ni una oposición capaz de capitalizarla con facilidad. El mismo proceso de atomización y polarización que impide a Kast construir una coalición estable atraviesa al campo opositor, fragmentado entre múltiples colectividades sin un polo de conducción claro. La fragilidad gubernamental se inserta, de este modo, en una condición más general del sistema de partidos chileno y no constituye una circunstancia exclusiva de este gobierno.

Esa condición general no agota la especificidad del problema que enfrenta el Ejecutivo. Kast conduce una administración programáticamente intensa, económicamente radical y parlamentariamente débil. Depende de actores que colaboran sin asumir una responsabilidad común por el conjunto de la gestión.

Republicanos conserva la conducción presidencial. Chile Vamos es auxiliar en esa conducción, indispensable para la gestión y autónomo para fijar límites. El PNL presiona sobre la identidad ideológica de la derecha desde fuera del Ejecutivo. El PDG negocia sus votos proyecto por proyecto. Los ministros sin militancia partidaria, varios de ellos cercanos al gran empresariado, aportan conocimientos técnicos, redes económicas y credibilidad frente al sector privado, aunque carecen de respaldo legislativo propio.

Esta arquitectura expresa una transformación más amplia de la política chilena. Durante varias décadas, las coaliciones agregaron partidos, ordenaron la competencia y permitieron reconocer con relativa claridad quién gobernaba y quién se oponía. Hoy predominan partidos presidenciales, colaboradores, aliados externos, pivotes parlamentarios y mayorías circunstanciales.

La gobernabilidad no ha desaparecido. Se ha vuelto más costosa, frágil y transaccional. Cada iniciativa exige recomponer apoyos y cada concesión puede dificultar la negociación siguiente. La responsabilidad política también se vuelve menos nítida y trazable, porque quienes intervienen en las decisiones pueden tomar distancia de sus costos.

La principal novedad del gobierno de Kast radica en la llegada al poder de una derecha desafiante, conservadora y económicamente ultraliberal, que mantiene una relación ambivalente con la dictadura de Pinochet y participa activamente en redes internacionales de ultraderecha.

La conducta institucional de otros partidos y gobiernos pertenecientes a esas redes ofrece antecedentes que justifican una observación especialmente atenta. En Chile, Republicanos intenta ejecutar un programa ambicioso sin disponer de una coalición ni de una mayoría parlamentaria estable.

El ejercicio del poder mostrará cuánto modera a Republicanos la responsabilidad de gobernar, hasta dónde puede mantener la colaboración de la derecha tradicional y qué costos tendrá la presión ejercida desde el PNL. La respuesta dependerá menos de las etiquetas aplicadas desde fuera que de la capacidad del gobierno para administrar sus diferencias, aceptar las restricciones institucionales y construir acuerdos que hasta ahora han sido estrechos y circunstanciales.