El país entero se conmocionó cuando el 10 de diciembre de 2010 un siniestro de proporciones destruyó un ala de la cárcel ubicada en la comuna de San Miguel. Los presos que estaban en hora de encierro no pudieron romper cerraduras y candados falleciendo 81 de ellos de manera trágica al interior de ese penal, mientras sus familias miraban desde el exterior el dantesco espectáculo.

Ocho años han transcurrido desde el fatal incendio. Ocho años que no han borrado los recuerdos y menos el drama de las familias. Algunas de las víctimas eran reos primerizos y no estaban condenados. Patético es el caso del juven preso por vender unos Cd's en la calle. 

Más dolor expresan cuando el primer gobierno de Sebastián Piñera les mintió, al comprometerse a hacerse cargo de los gastos de por vida que implicaban la mantención de las sepulturas de las víctimas. Nada de eso ocurrió y peror aún, amenazan terminar en un fosa común.

Hoy son amenazados por el no pago de las sepulturas individuales. 

“Me dijeron que si no pagaba iban a pasar a mi hermano a una fosa común. Al resto de las familias también las están amedrentando, amenazándolas. Casi todos los parientes tienen trabajos de obreros, es complicado”, dijo César Pizarro, hermano de Jorge uno de los internos fallecidos, y vocero de la ONG 81 Razones.

La promesa incumplida de Piñera se realizó ante la prensa de manera mediática apenas dos días después de la tragedia. Para Pizarro, “El gobierno en el Servicio Médico Legal se comprometió a pagar indefinidamente los gastos de los presos”. No fue verdad.

Desde 2015 que los acosan vía correos emanados, según señalan, desde el Parque del Recuerdo: “por medio del presente queremos informar que con fecha 15/06/2015 tuvo vencimiento su cuota anual de mantención por un monto de $58.220 pesos”. 

Como se recordará, la Funeraria Hogar de Cristo suscribió un acuerdo con el Ministerio de Justicia de esa época comandado por el RN Felipe Bulnes, donde se reconocía ayuda para 78 de los fallecidos que implicaba pagar los servicios que involucraba la sepultura.

“La Subsecretaría acuerda con el prestador la contratación de servicios funerarios con motivo del incendio ocurrido con fecha 8 de diciembre de 2010, en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel, a fin de otorgar las prestaciones necesarias para llevar a cabo las ceremonias fúnebres de 78 fallecidos en el siniestro en mención. Dicha prestación comprende los servicios de traslado de los fallecidos, suministro de urnas, sepulturas y otros complementarios, como; derechos de sepultación, mantención e inyecciones de conservación”.

Tremenda fue la decepción de los familiares cuando consultaron al gobierno de la Presidenta Bachelet, el que les aclaró a través del abogado Álvaro Pérez, que la oferta de pago, en “relación a las cuotas de mantención, el Ministerio de Justicia no cuenta con las atribuciones legales para pagar dichos montos. Sin embargo, podemos buscar una solución a través de municipios o similares”. Tampoco se avanzó con la oferta demagógica del gobierno de Piñera.