La Corte de Apelaciones de Punta Arenas envió un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre un recurso de protección presentado por una asistente de enfermería de 60 años que solicita a su AFP la devolución de sus ahorros previsionales.

La primera sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Marcos Kusanovic, María Isabel San Martín y Marta Jimena Pinto, estimó en forma unánime que antes de resolver era indispensable presentar una consulta al TC para que determine si es aplicable el Decreto Ley 3.500, en oposición al derecho de propiedad garantizado por la Constitución.

"(…) Se formula requerimiento al Tribunal Constitucional para que establezca, si lo estima admisible, la inconstitucionalidad del Decreto Ley 3.500 especialmente sus artículos 23, 34 y 51, en cuanto los fondos de capitalización individual tienen como objeto exclusivo otorgar y administrar beneficios de este decreto ley y son parcialmente inembargables destinados exclusivamente a generar las prestaciones de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, como también los ingresos de las administradoras de fondos de pensiones por concepto de prima o aporte de utilidades, en contravención a la Constitución Política de la República en cuanto los atributos inalienables del derecho de propiedad", sostiene el fallo.

Beatriz Valenzuela, quien se desempeña en la atención primaria de salud municipal, explicó que el 18 de junio envió una carta a AFP Habitat en la que solicitó retirar el dinero.

"Las necesidades que tengo son poder solventar mis gastos, porque si bien me he dedicado cerca de 40 años a trabajar, si pensiono no me alcanzaría para vivir y mantener el nivel de vida que tengo, teniendo que, posiblemente, endeudarme, rebajar mis gastos en consumo, buscar otro arriendo y un sinnúmero de problemas", manifestó.

El primer caso en el país relacionado con el tema corresponde al de María Angélica Ojeda, profesora jubilada de Antofagasta, que busca retirar sus ahorros para pagar un crédito hipotecario.