La megarreforma ha buscado justificarse invocando un problema que es real. Chile lleva años creciendo poco, la inversión se ha debilitado, la productividad permanece estancada y los obstáculos regulatorios dificultan la ejecución oportuna de proyectos. Ninguna oposición responsable puede limitarse a defender el estado actual de las cosas. Sin embargo, reconocer la gravedad del diagnóstico no obliga a aceptar la respuesta ofrecida por el Gobierno.

El bajo crecimiento potencial obedece a una combinación de factores acumulados durante años. Entre ellos se encuentran la caída de la inversión, el estancamiento de la productividad, la lentitud e imprevisibilidad de los permisos, las deficiencias de infraestructura, la escasa innovación, las debilidades del capital humano, la baja participación laboral de algunos grupos, la inseguridad, la incertidumbre regulatoria, la insuficiente competencia en distintos mercados y la débil coordinación entre los organismos del Estado. Reducir este cuadro a la tasa del impuesto corporativo significa confundir uno de sus posibles componentes con la explicación general del problema.

La reforma deposita sus principales expectativas en la reducción de la tributación del capital, la reintegración, la invariabilidad tributaria, la flexibilización regulatoria y la contención del gasto público. Confía en que una mayor rentabilidad privada inducirá nuevas inversiones y que estas elevarán posteriormente la productividad, el empleo, los salarios y la recaudación. Cada eslabón de esa cadena depende, sin embargo, de decisiones empresariales que nadie puede seriamente  asegurar.

La asimetría es evidente. Las ventajas tributarias concedidas al capital quedan establecidas por ley, mientras sus beneficios económicos y sociales permanecen sometidos a condiciones e incertidumbres. El Estado renuncia a ingresos ciertos, pero no puede garantizar que esos recursos se destinen a inversión productiva, innovación, contratación o aumentos salariales. También pueden convertirse en dividendos, acumulación de liquidez, reducción de deuda, adquisición de activos existentes o inversiones en el exterior.

La reforma transforma así una expectativa económica en una decisión distributiva cierta. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que el proyecto mantendría efectos deficitarios al menos hasta 2031, incluso incorporando los ingresos que el Gobierno atribuye al mayor crecimiento. Los menores ingresos fiscales se materializan con mayor certeza que los beneficios dinámicos esperados. Si estos no alcanzan la magnitud o la velocidad proyectadas, la estrechez fiscal se agravará.

Ese eventual deterioro fiscal adquiere una especial gravedad en la sociedad chilena. Sus consecuencias serían distintas en un país de clases medias consolidadas, con ingresos estables, patrimonios extendidos y amplias capacidades para afrontar ajustes transitorios. Esa descripción, repetida durante años por una parte importante del discurso político y económico, no corresponde al Chile actual.

Un estudio reciente dirigido por Clarisa Hardy en el Centro de Estudios para la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso reconstruye la estratificación social chilena utilizando los datos de la Casen 2024 y la metodología desarrollada por la Cepal. Sus conclusiones son categóricas. El 17,3 por ciento de la población vive en la pobreza, el 28,2 por ciento pertenece al estrato bajo no pobre y el 26,5 por ciento se ubica en el estrato medio-bajo. En conjunto, el 72 por ciento de los habitantes se encuentra entre la extrema pobreza y un sector medio-bajo caracterizado por la precariedad. El estrato medio propiamente tal representa apenas el 18,8 por ciento.

Chile ha avanzado sustantivamente en la reducción de la pobreza durante las últimas décadas. Sin embargo, buena parte de quienes han salido de ella no ha ingresado a una clase media segura y consolidada. Ha pasado a integrar una extensa población  popular  en la que las necesidades básicas pueden satisfacerse con dificultad, el endeudamiento se vuelve indispensable y cualquier pérdida del empleo, enfermedad o aumento del costo de la vida amenaza con provocar una movilidad descendente.

Los avances sociales tampoco han eliminado la elevada desigualdad. Según la Casen 2024, el índice de Gini alcanza 0,464 para el ingreso monetario y 0,488 para el ingreso autónomo. La diferencia entre ambos indicadores muestra que las transferencias estatales reducen parcialmente la desigualdad, aunque la distribución de los ingresos generados por el mercado continúa siendo profundamente desigual. Así, la disminución de la pobreza convive con una estructura social marcada por la concentración, la vulnerabilidad y la inseguridad económica.

En una columna publicada en El Mostrador, Hardy estimó que cerca de catorce millones de personas viven entre la dificultad para satisfacer sus necesidades, el temor a recaer en la pobreza y la obligación de endeudarse para sostener sus hogares. Su conclusión resulta incómoda para buena parte del discurso público. Chile es una sociedad que ha progresado, pero continúa profundamente precarizada. No es cierto que se haya convertido en una sociedad de clase media estable e integrada.

Esta estructura social es decisiva para evaluar los efectos políticos de la megarreforma. Millones de hogares compensan la insuficiencia o inestabilidad de sus ingresos mediante pensiones, subsidios, salud y educación públicas, prestaciones sociales y otros mecanismos de protección. Si el crecimiento prometido no se materializa y el costo de la reforma termina cubriéndose mediante recortes en los bienes públicos, mayor endeudamiento o nuevos tributos al consumo, el paquete habrá favorecido de manera inmediata a los propietarios del capital y trasladado sus riesgos a una sociedad mayoritariamente vulnerable.

Allí aparece su efecto político más delicado. Durante los últimos quince años, Chile ha vivido una crisis de representación y una crisis distributiva que se refuerzan mutuamente. La primera se expresa en la percepción de que las instituciones escuchan poco, responden tarde y se encuentran distantes de la experiencia cotidiana de los ciudadanos. La segunda surge de la convicción de que los beneficios y los costos del desarrollo se reparten de manera injusta.

La megarreforma puede agravar simultáneamente ambas crisis y reforzar su interacción. El sistema político puede aparecer extraordinariamente eficaz para reducir impuestos, restablecer la integración tributaria y garantizar condiciones impositivas durante diez, quince o veinte años a grandes inversionistas, mientras continúa siendo lento e insuficiente frente a las listas de espera, la inseguridad, las pensiones, la vivienda, los cuidados y los salarios.

La invariabilidad tributaria agrega un problema democrático específico. La estabilidad de las reglas puede ser legítima y necesaria para determinadas inversiones de larga maduración. Sin embargo, garantizar condiciones impositivas durante varios períodos presidenciales restringe el margen de las mayorías futuras para revisar decisiones que afectan a los recursos públicos. Una mayoría legislativa estrecha y circunstancial adquiere así la capacidad de proyectar sus preferencias económicas durante décadas.

Si la ciudadanía concluye que la democracia actúa con rapidez para proteger intereses económicos concentrados y con lentitud para atender la precariedad de las mayorías, aumentarán la desconfianza, los discursos sobre captura del Estado y las demandas de derogación o contrarreforma. Una política concebida para entregar certeza puede terminar generando mayor inestabilidad institucional.

Las responsabilidades políticas por la orientación adoptada y sus eventuales consecuencias están claramente distribuidas. La derecha gubernamental hizo de la megarreforma una pieza central de su proyecto. La centroderecha la respaldó sin alterar sustantivamente su orientación económica y distributiva, comprometiendo con ello su pretensión discursiva de desempeñarse como fuerza moderadora.

El PDG quiso presentarse como una fuerza «bisagra», pero actuó en la Cámara como fuerza auxiliar de la derecha. Intercambió su apoyo a una transformación estructural por concesiones puntuales menores, aunque de alta visibilidad comunicacional. Su posición decisiva no lo convirtió en una fuerza de centro. Lo hizo corresponsable de una reforma cuyos posibles costos fiscales y sociales pueden afectar precisamente a los sectores medios precarios y populares que forman parte de su base electoral.

La centroizquierda hizo bien en rechazar el núcleo de la reforma y preservar una frontera distributiva clara. Sin embargo su responsabilidad no termina allí. Durante la tramitación no logró ofrecer una estrategia alternativa visible para elevar la inversión, la productividad y el crecimiento potencial. La denuncia de la regresividad resulta indispensable, aunque insuficiente para reconstruir una mayoría social.

La urgencia programática excede esta disputa legislativa. La centroizquierda debe iniciar  ahora la elaboración de un programa serio, coherente y técnicamente sustentado para la próxima elección. Ese programa debe integrar crecimiento, desarrollo productivo, justicia distributiva, responsabilidad fiscal, mejores salarios, empleos de calidad, innovación, seguridad, bienes públicos y fortalecimiento de las capacidades estatales. Evitó formar parte de la coalición de la megarreforma. Ahora debe demostrar que tampoco integra la coalición del estancamiento.

La política económica nunca se aplica sobre una sociedad imaginaria. Actúa sobre hogares concretos, sometidos a ingresos inseguros, deudas, empleos precarios y temor a perder lo alcanzado. Chile está lejos de constituir una sociedad de clase media consolidada. Una reforma que desconozca esa realidad puede producir algo más grave que resultados económicos insuficientes. Puede  terminar de convencer a una mayoría vulnerable de que el sistema político chileno conoce sus problemas, pero ha decidido responder una vez más  a quienes no deberían ser su prioridad.