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La millonaria y desconocida demanda laboral contra el Tribunal Constitucional presentada por una de sus exrelatoras

La Corte de Apelaciones de Santiago estableció que una millonaria demanda laboral presentada por una exfuncionaria en contra del Tribunal Constitucional (TC) sea conocida por un ministro de fuero

La otrora relatora del TC exige una indemnización de $326 millones por sobrecarga laboral, daño moral, discriminación e indemnización por lucro cesante.

Al respecto, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este jueves confirmar la resolución del juez laboral que determinó que la competencia para conocer la demanda correspondía a un ministro de fuero y no a un al juez del trabajo, pues apunta a miembros del organismo.

De esta manera, todos los antecedentes del caso –que fueron presentados en enero ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo– serán derivados hasta el juez del tribunal de alzada capitalino que conocerá la causa, sobre la base que ello no le causaría agravio a la demandante.

En este contexto, el abogado de la demandante, Diego López, valoró lo resuelto por la Corte y aseguró que se encuentran “muy tranquilos”.

“Conocemos la sólida preparación que tienen los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y actualmente la misma Corte Suprema tiene una firme línea de protección de los trabajadores que se desempeñan como funcionarios públicos”, planteó el jurista.

En paralelo, el profesional indicó que no se esperaban la derivación a un ministro de fuero, escenario que fue solicitado por la parte demandada.

“Llama la atención que ellos hayan requerido que resuelva esta causa un Ministro de Fuero, porque no tiene sentido el que ellos quieran proteger a Pilar Arellano -quien los demanda- y menos, que ellos quieran protegerse de ella, que es la parte más débil”, apuntó el abogado.

La demanda

La exrelatora exige una indemnización de $326 millones por sobrecarga laboral, daño moral, discriminación e indemnización por lucro cesante.

Lo anterior, indicaron desde la defensa, sustentado en que Arellano fue una trabajadora destacada que desde 2007 se desempeñó en el TC, pero con el tiempo la excesiva carga de trabajo le acarreó un estrés laboral que afectó gravemente su salud.

“Incluso, debido al estrés, angustia y tensión, tuvo que acogerse a licencias médicas”, indicaron.

Producto de aquello, añade la parte demandante, el TC habría resuelto cesar de sus funciones a la funcionaria, pues su cargo no era compatible con las exigencias para cuidar de su salud.

“Creemos que debiera otorgarse una sentencia judicial que declarara que cuando Pilar Arellano fue desvinculada del Tribunal Constitucional, lo fue en atención a su estado de salud mental generado por la sobrecarga, tratos y el estrés laboral que le había provocado el propio organismo”, afirmó el jurista.

Por último, enfatizaron en lo paradójico que resulta que la institución a cargo de velar por el respeto a los Derechos Fundamentales y defender la Constitución, haya incurrido en esta práctica.