Thomas Mann comprendió antes que muchos intelectuales y políticos del siglo XX cuál era el verdadero enemigo de la democracia liberal. En Doctor Faustus (1947) pone en boca del demonio una frase devastadora. “No es la crítica lo que nosotros promovemos; eso lo hace Dios, que tanta importancia da a la razón. Lo que nosotros buscamos es la espléndida irreflexión”.

La espléndida irreflexión sigue siendo una definición notablemente precisa del clima político de nuestra época.

El problema jamás ha sido la crítica. Las democracias constitucionales descansan sobre el desacuerdo, la controversia y la deliberación racional entre proyectos rivales. La crítica obliga a justificar posiciones, somete las convicciones a examen y exige el esfuerzo incómodo de pensar. Lo verdaderamente corrosivo aparece cuando la pulsión inmediata adquiere prestigio político, cuando el resentimiento se transforma en identidad colectiva y cuando la deliberación pública queda desplazada por reflejos tribales.

En ese terreno convergen hoy los populismos radicales de derecha e izquierda, aunque se presenten como antagonistas absolutos. Comparten una misma estructura emocional y una idéntica desconfianza hacia las mediaciones racionales e institucionales. Ambos reducen la complejidad de la vida social a relatos morales simplificados en los que toda discrepancia termina convertida en una amenaza intolerable.

El populismo de izquierda tiende a moralizar el conflicto político. Clasifica al adversario como expresión de privilegio, abuso o insensibilidad ética, de manera que la discusión deja de centrarse en argumentos y acaba convertida en una impugnación moral de quien piensa distinto. El populismo de derecha actúa de otro modo. Denigra, caricaturiza y degrada al adversario hasta transformarlo en objeto de desprecio colectivo. En ambos casos se erosiona una de las premisas fundamentales de la democracia constitucional, que consiste en reconocer la legitimidad política de quienes sostienen posiciones diferentes.

La política deja entonces de ser un espacio de persuasión y se transforma en una confrontación emocional permanente. El fenómeno adquiere una velocidad inédita en las redes sociales, donde la indignación circula mejor que cualquier razonamiento y donde las consignas producen más impacto que los argumentos. La política de las emociones arriesga potenciar el irracionalismo porque debilita las disposiciones intelectuales y morales que hacen posible la convivencia democrática. Pensar demasiado empieza a verse como señal de tibieza, elitismo o traición.

Por esa razón el antiintelectualismo se ha convertido en el idioma compartido de los extremismos contemporáneos. La hostilidad hacia expertos, universidades, prensa organizaciones no surge únicamente de los errores reales de esos actores e  instituciones. También expresa una irritación más profunda frente a cualquier exigencia de complejidad, prudencia o reflexión. La lógica populista necesita respuestas simples para problemas complejos y culpables inequívocos para fenómenos que rara vez admiten explicaciones unívocas.

Existe hoy en Chile además una dimensión menos visible del fenómeno populista. Junto con la explotación sistemática de las emociones aparece con frecuencia una lógica de oportunismo político. La retórica pública se presenta como una defensa intransigente de principios superiores frente a las élites dominantes, mientras la práctica cotidiana gira alrededor de la negociación de prebendas, cuotas de poder y beneficios particulares. El antagonismo moral que domina los discursos suele coexistir con una notable flexibilidad cuando se trata de intercambiar apoyos parlamentarios por ventajas inmediatas. Buena parte de la política latinoamericana ofrece ejemplos de esta combinación entre maximalismo retórico y pragmatismo transaccional.

Las fuerzas democráticas tienen la obligación de reaccionar, pero hacerlo exige evitar una trampa cada vez más frecuente. Cuando los sectores moderados adoptan los códigos emocionales, las simplificaciones o las descalificaciones propias de los radicalismos, terminan legitimando el terreno cultural que estos últimos han impuesto. La democracia pierde entonces incluso cuando obtiene victorias electorales. Resulta indispensable marcar una diferencia visible en los estilos, el lenguaje y la disposición intelectual. La firmeza democrática requiere convicciones claras, aunque también prudencia, complejidad y capacidad para reconocer matices allí donde los populismos solo distinguen enemigos.

Esa diferencia debe expresarse mediante una crítica propositiva de las posiciones contrarias. Las democracias se debilitan cuando la política queda reducida a una competencia de indignaciones o a la mera destrucción del adversario. Lo urgente consiste en reconstruir la confianza pública demostrando que todavía existen actores capaces de perseguir objetivos más altos que la rentabilidad instantánea del conflicto, el cálculo oportunista o la explotación emocional del malestar.

La política propia de la democracia constitucional descansa, en último término, sobre una apuesta práctica prudencial. No promete la eliminación definitiva de los conflictos ni la reconciliación perfecta de intereses y valores. Aspira a algo más modesto y, precisamente por ello, más realista y más civilizado. Busca crear instituciones capaces de canalizar desacuerdos persistentes, contener las pasiones más destructivas y permitir la coexistencia pacífica entre ciudadanos que seguirán pensando de manera diferente. Exige además conductas virtuosas  y no solo reglas capaces de limitar el oportunismo y de someter el ejercicio del poder a controles impersonales. Su fortaleza descansa en la deliberación pública de calidad, la responsabilidad política y la rendición de cuentas. Esa tarea puede parecer menos espectacular que la administración de la ira producida por agravios reales o supuestos, o que la negociación permanente de favores y ventajas coyunturales, pero sigue siendo la única compatible con una democracia pluralista sólida.