La reciente formalización del conductor que circuló a 264 kilómetros por hora a las 17 horas por la comuna de Vitacura en la Costanera Norte ha abierto un debate que trasciende con mucho a la infracción misma.

El conductor del BMW, según el tribunal y la jueza, determinaron que el sujeto quedara con firma mensual y arraigo nacional. Además, pese a la gravedad del hecho, su licencia no fue suspendida. Todos los días, especialmente en los programas matinales, muestran como vehículos que son utilizados para trabajar y que tienen alguna pequeña falta, son retirados de circulación y llevados a un corral municipal y esas personas, habitualmente humildes, tienen una doble infracción: la multa y el pago del lugar donde será dejado en custodia su vehículo.

Sin perjuicio de la gravedad objetiva de la conducta —que puso en riesgo la vida e integridad de terceros, especialmente de familias que celebraban el día del Padre—, la discusión pública se ha desplazado hacia otro terreno: la percepción de que el poder económico o la posición social podrían influir, directa o indirectamente, en la forma en que opera el sistema de justicia.

Se trata de una inquietud legítima en toda sociedad democrática. No porque exista prueba alguna de un trato privilegiado, sino porque la confianza pública en la justicia depende de que los ciudadanos tengan la convicción de que las leyes se aplican de igual manera a todos, sin consideración de riqueza, apellido, influencia o posición social.

La igualdad ante la ley constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Sin ella, la justicia pierde su legitimidad moral y se transforma en una mera expresión de poder. La historia del pensamiento jurídico y político occidental ha insistido reiteradamente en esta idea.

Aristóteles enseñaba que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo y corregir los desequilibrios producidos por conductas que alteran el orden social. Desde esta perspectiva, la riqueza o la posición económica de una persona son jurídicamente irrelevantes frente a la necesidad de juzgar los hechos conforme a criterios objetivos. La justicia correctiva exige que la respuesta del derecho sea proporcional al daño o al riesgo generado, no al patrimonio del infractor.

Cicerón, por su parte, sostenía que la ley es una expresión de la razón común y que su autoridad descansa precisamente en su universalidad. Cuando la ciudadanía comienza a sospechar que existen ciudadanos más protegidos que otros por razones económicas o políticas, la ley deja de ser percibida como una regla común y comienza a verse como un instrumento al servicio de intereses particulares. Allí surge una de las mayores amenazas para la República.

Tomás Moro observó con extraordinaria lucidez cómo las sociedades pueden degradarse cuando los privilegios sustituyen a la justicia. En su obra Utopía, denunció los sistemas donde las consecuencias jurídicas variaban según la condición social de las personas. La pregunta que inevitablemente se hacen muchos ciudadanos frente a casos mediáticos como este, es simple y directa: ¿habría recibido exactamente el mismo tratamiento cualquier persona sin recursos económicos ni redes de influencia?

La sola existencia de esa duda revela una fragilidad institucional que merece atención.

Por su parte, otros destacados analistas y escritores agregan una dimensión moral particularmente relevante para nuestros tiempos. 

Quienes poseen mayores recursos, educación o influencia social tienen también mayores responsabilidades frente a la comunidad. La ejemplaridad de las élites no es una exigencia jurídica, sino una necesidad ética para la cohesión social. Cuando quienes ocupan posiciones privilegiadas parecen actuar al margen de las normas que exigen a los demás, la confianza en las instituciones se deteriora profundamente.

Los tribunales no sólo administran justicia; también resguardan uno de los bienes más valiosos de una democracia: la confianza pública. Cada resolución judicial es observada por miles de ciudadanos que buscan confirmar que la igualdad ante la ley sigue siendo una realidad y no una mera declaración constitucional.

Por ello, la discusión de fondo que plantea este caso no es la identidad del imputado ni el patrimonio de su familia del que sabemos es cuantioso, ya que es una de las familias más ricas de Chile.

La cuestión verdaderamente importante es otra: que la ciudadanía pueda comprobar que la respuesta del sistema jurídico será exactamente la misma para cualquier persona que incurra en una conducta semejante.

Una sociedad libre no se construye sobre privilegios, sino sobre reglas comunes. La justicia pierde su esencia cuando se inclina ante el poder económico, pero también cuando la ciudadanía cree que puede hacerlo.

Por esa razón, los jueces, fiscales y autoridades tienen el deber permanente de actuar con independencia, transparencia y objetividad, demostrando en cada caso que la ley no distingue entre ricos y pobres, poderosos y anónimos.

La verdadera fortaleza de un Estado de Derecho no se mide por su capacidad para sancionar a los débiles. Se mide por su disposición a aplicar las mismas reglas a quienes poseen riqueza, influencia o poder. Allí reside la diferencia entre una justicia meramente formal y una justicia auténticamente justa.