Después de la mediática discusión que se dio, al interior y al exterior del Tribunal Constitucional, la luz verde que recibió el proyecto de ley de aborto en tres causales todo ha marchado en aparente calma.

 

Después de ser promulgada la ley por la propia presidenta Michelle Bachelet, la opción para que las mujeres sean quienes decidan si continuar o no con un embarazo, siempre y cuando se cumpla alguna de las tres causales establecidas en la ley, se ha vuelto una realidad.

 

Recordar que son solo tres instancias legales las que permitirán el aborto: inviabilidad del feto, peligro de la vida de la mujer y violación. Sin embargo, surgen dudas respecto de la ruta que se deberá seguir para abortar en alguna de estas tres situaciones.

 

 

El Ministerio de Salud confirmó que no esperará que los protocolos de la ley de aborto estén listos para empezar a ejecutarla en el país. Son 90 días los que el Ejecutivo se dio de plazo para elaborar este reglamento. No obstante, dado que la ley ya está promulgada, se garantiza la atención evaluando caso a caso.

 

Desde el Colegio de Matronas valoraron la decisión, afirmando que la primera causal, que refiere al riesgo de vida de la madre, no puede esperar los 90 días de la elaboración del protocolo.

 

 

Comprobar la veracidad de las dos primeras causales es más simple, pues se apoyará en base a los diagnósticos médicos y no involucran delito alguno. En los casos donde la vida de la mujer se encuentra en riesgo, se permite que ella tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, “aún cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo”.

 

En los casos de inviabilidad fetal, es necesario precisar que se trata de “inviabilidad letal”, es decir, aquellos casos en que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal. El feto no podría sobrevivir fuera del vientre materno. En estos casos, la mujer podrá decidir si interrumpe o no su embarazo.

 

Una de las causales más polémicas durante todo el proceso de la ley fue la tercera causal, interrumpir un embarazo producido tras una violación. La nueva ley indica que el plazo para la interrupción del embarazo será de 12 semanas de gestación, es decir tres meses.

 

 

En los casos de menores de 14 años, este plazo se extiende hasta las 14 semanas en consideración de que las niñas y adolescentes demoran más tiempo en saber sobre su estado de embarazo.

 

El proyecto dispone que ante cualquiera de las tres causales, la mujer deba manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. De esta manera se regulará la forma de llevar a cabo esta exigencia cuando la mujer se encuentre impedida de manifestarlo. En los casos de las menores de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá “contar con la autorización de su representante legal, o de uno de ellos, a elección de la niña, si tuviere más de uno”.

 

 

Para constatar la violación, se contará con la evaluación de un equipo médico formado por ginecólogo, matrona, sicólogo y asistente social. Ellos determinarán si procede la condicionante para la realización de un aborto.

 

Cabe destacar, que entendiendo que el proceso puede tener una vinculación emocional/psicológica, cualquiera sea la causal que autorice la práctica de un aborto, la mujer sea adulta o niña, tendrá derecho a un programa de acompañamiento.

 

Para Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, las complejidades que puedan surgir de cara a la implementación de la ley son mínimas.

 

“En este momento el Ministerio de Salud se encuentra estructurando el reglamento del proyecto, para lo que se estiman tres meses. Personalmente no lo veo como algo complicado, más si consideramos que las causales son acotadas”, comenta.

 

Sobre las complejidades que podría traer el discurso sobre la el aborto en caso de violación, Román se explaya.

 

“Son muy pocos los casos en los que se podría realizar un aborto, y el reglamento será básico para determinar los casos. Además no solo es algo técnico, sino que es algo legal, lo que lo vuelve más relevante. En lo que respecta al caso de violación, se ha olvidado que es un delito tipificado, así que no habría mayor diferencia”.

 

“Las dos primeras causales son algo simple, y su resolución es bastante semejante. Si consideramos que los casos no son tantos a nivel país, por lo que todo tendría que funcionar sin mayores problemas ni análisis. Me parece que frente a la libertad de conciencia, el país deberá establecer una serie de centros especializados donde trabajen médicos no objetores y donde se deriven los casos”, explicó a Cambio21.

 

Para Claudia Dides, directora de la Corporación Miles, cualquier complejidad se debe limitar a seguir la ley.

 

“Lo que prima es la palabra de la mujer y las pruebas que se necesitan son las que ya existen. Hay que ver cómo va a quedar el reglamento, aunque mucho ya está explicitado en políticas médicas frente a situaciones de violación, no siendo diferentes de los otros dos casos”, explica sobre el tema de violación.

 

“Aquí las victimas de violencia sexual tienen una forma ya establecida de recibir atención, algo que ya existe en el mismo Ministerio de Salud. Es cierto que los casos de abusos sexual encerrarán las complejidades más grandes, pero todo debería funcionar bien según lo ya discutido”, complementó Dides.

 

“En el tema de la libertad de conciencia me parece que la ley es del Estado, y los hospitales deben entregar sus servicios porque la ley los obliga. Esta libertad de conciencia estaría más dirigida a algunos sectores que están más relacionados con la religión, porque los médicos y los centros médicos están para atender a las mujeres y no para ser objetos de conciencia”, dijo a Cambio21