Con "clientes" encubiertos la Municipalidad de Las Condes inicia este viernes la fiscalización a la venta de alcohol en botillería y servicios de delivery en la comuna, para evitar su acceso por parte de menores de edad.

Desde hoy, un grupo de fiscalizadores que simularán ser compradores vigilarán el cumplimiento de una ordenanza municipal, vigente desde el 1 de agosto, que obliga a botilleros y repartidores de aplicaciones -como Uber Eats, Pedidos Ya y Rappi- a solicitarle a cada cliente que confirme su mayoría de edad, ya sea mediante se carnet de identidad, pasaporte u otro medio tecnológico que lo permita, según El Mercurio.

"El repartidor deberá pedir el carnet al momento de la entrega para verificar si quien recibe en el domicilio es mayor de edad", confirmó el alcalde Joaquín Lavín.

Por cada vez que no pidan documentos a los clientes, se arriesgan a multas de 2 a 5 UTM, de 147 mil a 245 mil pesos; y en caso de venderle a un menor, una sanción económica de 5 UTM.

La ordenanza municipal no ha estado exenta de polémicas, pues la idea inicial de Las Condes era promover brigadas integradas por propios menores de edad que fiscalizaran el cumplimiento, pero finalmente no la llevó a cabo debido a las críticas por exponerlos a esa situación y por empujarlos a trabajar.

Tras ello, además de inspectores municipales, se optó por impulsar a un grupo de jóvenes, de entre 18 y 19 años, a los cuales pagará una parte del arancel de la carrera que estudian a cambio de que dediquen cuatro horas, un día a la semana, a trabajo comunitario con ese fin.