En el primer año de vigencia de la Ley de Aborto, que rige desde septiembre de 2017, los hospitales del país realizaron al menos 535 interrupciones voluntarias de embarazos, en el marco de las tres causales dispuestas: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación.

Así se desprende de la información que recopiló La Tercera, tras pedir vía Ley de Transparencia un balance de la implementación de la norma a los 69 hospitales públicos habilitados para estos procedimientos. De ellos, 65 entregaron sus datos.

Según el reporte, se registraron 702 embarazos que cumplían los requisitos, cifra revela que en el 76% de los casos las gestantes decidieron interrumpir el embarazo. Con esto, los procedimientos se dividieron en 277 abortos por la primera causal, 165 por la segunda y 93 por la tercera.

Además, los hospitales informaron que 45 menores de 18 años se sometieron a un aborto. De ellos, a 32 se lo practicaron tras acreditarse que los embarazos fueron producto de violaciones, la mitad de estos a niñas de 14 años o menos.

En cambio, otros 61 casos se descartaron, luego de que el estudio clínico comprobara que no había inviabilidad fetal o riesgo materno, y en el 12% de ellos se descartó violación, por no existir un relato consistente, falta de coincidencia entre la fecha declarada para el delito y la edad gestacional o por excederse el plazo límite para el aborto (12 semanas para mayores de 14 años y 14 semanas para menores de esa edad).