Este viernes, el Gobierno finalmente presentó el veto a la Ley de Usurpaciones. La acción del Gobierno intentará eliminar la “legítima defensa privilegiada” de la normativa aprobada por el Senado y regular la proporcionalidad de las penas.

Este proyecto busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, aumentando las sanciones de estos e incorporando mecanismos más eficientes de restitución.

La medida modifica el Código Penal para establecer penas privativas de libertad por el delito de usurpación y facilitación de la detención de los ocupantes.

“Se hizo esta modificación para evitar que se promueva que los civiles a través de la violencia reivindiquen sus derechos y para salvaguardar que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías”, expresó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El segundo punto es modificar las penas que tiene la ley aprobada por el Congreso, asegurando la ministra que “se busca evitar lo que situaciones muy distintas quedaban con la misma pena”.

En este punto, Tohá indicó que quedará a criterio del juez que vea el caso, la pena que dará en caso de usurpaciones pacíficas, mientras que las violentas mantendrán la pena de prisión.

“En caso de usurpaciones pacífica, donde no hay violencia e intimidación -son casos muy excepcionales, donde no se agrede a ninguna persona, se establece que el juez va a definir si hay pena de cárcel, o hay multa (…) En todos los caos, todo tipo de usurpaciones, va a seguir siendo un delito, ya no va a ser una falta”, comentó.

El tercer punto del veto, serán los instrumentos del dueño para pedir la restitución de su inmueble, donde se agrega una modalidad de restitución anticipada, que permitirá la restitución del bien de regreso aunque haya un proceso judicial en contra.