El coronel (R) de Ejército René Cardemil falleció el pasado 7 de abril sin saber que se había convertido en el primer reo de penal de Punta Peuco en ser indultado. En aquella fecha, el condenado a 10 años por el homicidio de seis personas en el denominado caso Torres de San Borja se encontraba en el Hospital Militar producto de un cáncer prostático con metástasis.

Ya dos años antes, en 2016, el ex militar había solicitado dicha medida de gracia a la entonces Mandataria, Michelle Bachelet, la cual fue denegada. Ya con 75 años, y bajo la administración de Sebastián Piñera, el indulto se concedió, pero no materializó debido a que el documento no alcanzó a ingresar al Ministerio de Justicia para visar su excarcelación.

La situación causó la instantánea molestia de la oposición, mientras que desde el Ejecutivo recalcaron que la conmutación de condena, y en particular la sustitución del cumplimiento en la cárcel por el arresto domiciliario total, debería zanjarse a través de la vía legal.

"Nuestra voluntad, más que de seguir otorgando estos indultos, es generar mediante una ley, la Ley Humanitaria que permita a través de un proceso judicial poder definir quién, cómo y cuándo pueden acogerse a esta situación de grave enfermedad terminal o una situación de invalidez total, física y mental", señaló en su oportunidad el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Y así se hizo. El Gobierno ingresó el proyecto al Senado el 28 de diciembre, estando este recién su primer trámite en la comisión de Derechos Humanos. A mediados de enero, la presidenta de instancia, Adriana Muñoz (PPD), envió consulta a la Corte Suprema ya que la iniciativa contiene normas que regulan el recurso de apelación, la cual aún está pendiente.

La situación actual para acceder al beneficio, el Gobierno estableció tres requisitos, independiente del crimen por el cual los reos fueron condenados: haber sido diagnosticado con una enfermedad en fase terminal; tener un un menoscabo físico grave e irrecuperable que provoque una dependencia severa; y tener 75 años o más y que haber cumplido, a lo menos, la mitad de la condena impuesta.

Y pese a que los criterios se zanjaron con posterioridad a su deceso, Cardemil calzaba con el primero y el último. Su sentencia fue confirmada de manera unánime en marzo de 2013.

Pero este caso no es único. A la fecha, señalan cifras enviadas por Gendarmería a Emol a través de Transparencia, 47 sentenciados que actualmente cumplen condena en alguno de los penales del país se encuentran en condiciones de acceder hoy acceder a dicha conmutación.

En concreto, y de acuerdo a lo informado por la Jefa del Departamento de Salud, son ocho los internos los que tienen una enfermedad en fase terminal. Así también, y en base a datos recogidos a nivel nacional, 17 condenados presentan un menoscabo que implica una dependencia severa, principalmente en las regiones de Los Lagos y El Maule.

Por último, y la Unidad de Estadística y el registro en la base de datos de Sistema de Internos indicaron que, al 31 de diciembre, 22 internos con 75 años o más habían cumplido, al menos, la mitad de la sentencia dictada. "Un proyecto complejo de aprobar"

El hecho de que la ley incluya a quienes fueron sentenciados por crímenes de lesa humanidad implica un pero importante para algunos parlamentarios. Así lo señalaron a este medio las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos (DD.HH) de la Cámara de Diputados y el Senado, Carmen Hertz (PC) y Adriana Muñoz (PPD), respectivamente. "Nosotros entendemos que el Gobierno busca redefinir el indulto presidencial para trasladar a los tribunales la decisión (…) Para la oposición, nuestra preocupación es que ese extienda a reos condenados por delitos por derechos humanos y eso creemos que tiene nombre y apellido que es Punta Peuco", aseguró Muñoz.

Y agregó: "Lo que el Gobierno busca es no involucrar la figura presidencial al indulto y reducir los requisitos, alcanzando a los condenados por estos delitos".

Hertz aseguro que "por medio de esta legislación se intenta eludir las obligaciones que el orden internacional impone a los condenados por estos hechos para conceder así beneficios carcelarios".

Ambas parlamentarias manifestaron además preocupación de los roces que podría tener la Ley Humanitaria con proyecto de ley que establece nuevas condiciones para otorgar libertades condicionales a condenados por delitos de lesa humanidad, como haber cumplido 2/3 de la pena y colaborado de manera sustancial con la investigación.

"Se intenta no solo soslayar el orden internacional, sino que ley que fue aprobada recientemente y que fue llevada al TC como es costumbre de la derecha (…) Eso es una chacota y no se legisla en base a chacotas", puntualizó la diputada, mientras que Muñoz concluyó: "Va a ser un proyecto complejo de aprobar en la comisión de DD.HH. del Senado y va a correr misma suerte en Cámara".