El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó las pensiones de gracia entregadas a víctimas de violaciones de derechos fundamentales durante el estallido social, luego que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, develara que cerca del 10% de quienes han recibido el beneficio contaban con antecedentes penales. Una de ellas, de hecho, se encontraba prófuga de la Justicia.

"Como ustedes bien saben la tramitación de las pensiones de gracia corresponden a la Subsecretaría del Interior. A ellos les ha correspondido, en el contexto de la comisión investigadora, aclarar el punto y el detalle del procedimiento corresponde que sea explicitado por el subsecretario del Interior", sostuvo Cordero.

Consultado respecto a si es necesario legislar para erradicar la discrecionalidad del proceso, el ministro señaló que "en estas pensiones de gracia en particular, recuerde que existía además complementariamente una glosa de la ley de Presupuestos que venía desde que se había utilizado también en la administración anterior y había una cierta manera de interpretar esa glosa, tanto en la administración anterior, como en esta".


Agregó el ministro que "los detalles del procedimiento, la forma en que se conforman los expedientes, los requerimientos que se realizan de antecedentes, creo que es conveniente que sea el subsecretario del Interior quien se refiera".


"La manera en que operan estas pensiones de gracia es por firma delegada, por lo tanto el Presidente no tiene acceso a ese expediente y en consecuencia es una tramitación que se realiza por el departamento especializado en la Subsecretaría del Interior", añadió.