El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, calificó como preocupante que el 36% de los chilenos justifique el golpe de Estado de 1973, a casi 50 años del hecho.

Este martes fueron publicados los resultados de la encuesta CERC-MORI, donde se registró un incremento de 20 puntos porcentuales respecto a la afirmación de que los militares “tenían razón” para derrocar el gobierno del expresidente Salvador Allende. En 2003, la cifra también era de 36% entre los consultados, mientras que en 2013 fue de 16%.

En entrevista con ADN, el secretario de Estado comentó que, a su juicio, “a 50 años del golpe debiéramos tener consensos básicos. Uno, que quebrar el orden institucional para imponer otro, es romper las bases esenciales del Estado de derecho. Lo segundo es que no hay justificación para ninguna lucha política que justifique las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

“Cuando hay un plan de búsqueda, hay algunas cuestiones que deberían ser parte de nuestra relación civilizada y una de esas partes es que no hay contingencia, oposición, adversidad a posturas políticas que pueda justificar la desaparición forzada de personas, y ese es el objetivo del plan de búsqueda, creo que ese es un espacio sobre el que entiendo hemos tenido consenso y que la obligación del Estado es dejar que esto siga sostenido en las acciones de los familiares y que se transforme en una política del Estado permanente”, agregó.

De este modo, el ministro sostuvo que es preocupante el dato de la encuesta, ya que “evidentemente implica justificar un quiebre institucional y la tragedia que todo eso tuvo con posterioridad”, consignó el medio citado.

Finalmente, Cordero expresó que “la única manera que podamos tener una democracia robusta hacia el futuro es teniendo plena consciencia de los efectos que produce la adversidad donde el opositor político se transforma en un enemigo, donde los deshumanizo y puedo justificar su muerte”.

“Esta tragedia que tuvimos hace 50 años, la única manera de poder sostener una democracia futura es tener consciencia de que eso no es admisible, que es nunca más, pero sobre todo que es relevante saber sobre qué circunstancias esas personas fueron detenidas y obligadas a desaparecer no por terceros, por el Estado, y para la sanidad de la democracia futura es importante tener presente la memoria, y es la única manera de tener certeza de no repetición”, sentenció.