Han transcurrido ya dos semanas del denominado Acuerdo por La Paz y una Nueva Constitución y, lamentablemente, tenemos instalada la constatación pública de los déficit, al parecer, irreparables de dicho acuerdo, tanto por cuanto sus términos nunca fueron suficientes para la búsqueda de la Paz, pues no concordó ninguna medida concreta para hacer frente y responder a las demandas sociales más sentidas por la ciudadanía, como porque su contenido en materia constitucional instaló un candado de 2/3 que ni siquiera se abrió al discernimiento colectivo, excluyó a los pueblos originarios, limitó la paridad de género, socavó su legitimad al restringir el voto obligatorio al plebiscito de salida y capturó para los partidos políticos un proceso que debió ser eminentemente ciudadano.
Para hacer aún más complejo el escenario, el Gobierno se ha mandado varios numeritos con la casi total anuencia de la oposición y sin mayor cuestionamiento público, numeritos que lejos de ser impericia demuestran profunda voluntad de sacar partido del desorden y confusión, cuando no miedo, para poder avanzar en lo que sea que permita consolidar las particulares posiciones presidenciales, pues cuesta creer respondan a convicciones del conjunto del oficialismo, claramente dividido en esta oportunidad.
En efecto, mientras ninguna medida de las muchas que demanda la ciudadanía se han adoptado, en menos de 7 días tenemos al Ministro de OOPP Alfredo Moreno firmando un acuerdo con Aguas Andinas que le garantiza a dicha empresa tarifas, por los próximos 5 años, con sólo un promedio de un 1% de rebaja. Una verdadera tomadura de pelo. En paralelo su colega de Transportes doña Gloria Hutt, anuncia, sin desparpajo ni rictus vergonzoso alguno, que cambiará el modelo de provisión del transporte público para que sea el estado el que disponga los buses y terminales, lo que unido a los bienes nacionales de uso público que ya aporta, torna a este negocio en un súper gran negocio para aquel de los amigos al que se le asignen los recorridos, pues hasta ahora licitación no conocemos en este angelical Gobierno.
Como si eso fuera poco el Presidente Piñera demanda prudencia y responsabilidad fiscal para aumentar la Pensión Básica Solidaria (PBS), la misma que él sostenía sólo debía incrementarse en 11 mil pesos y que recién ante las demandas sociales anunció que aumentaría en 22 mil pesos mensuales, negando de paso la posibilidad de llegar, al menos, a la línea de pobreza definida por el propio Estado que él encabeza. Y ante una indicación transversal de diputados para aumentar la PBS en 50%, encabezados por parlamentarios de su propio sector, ha insistido diciendo que ello es inconstitucional y peligroso.
Nada nuevo si tenemos presente que, no obstante todo lo que estaba pasando, el Presidente de la República había decidido comprometer la institución presidencial en una discusión jurídica privada, entre la profesora de Antofagasta y su AFP, por el derecho de propiedad sobre los fondos de pensión de dicha profesional y que le permitirían, de permitírsele el acceso a menos de una tercera parte de ellos, pagar la deuda de su casa que está a punto de perder, ello al solicitar el Presidente al Tribunal Constitucional el rechazo a dicha petición. Así, y cual mal padre de familia que vela por los intereses de sus hijos poderosos y abusadores por sobre los del desvalido y más débil, que claramente representa la profesora norteña, el Presidente delata públicamente sus más profundas convicciones, por cierto, reñidas con los legítimos intereses del pueblo.
Con ello, además, los conceptos propios del capitalismo están siendo trastocados flagrantemente por la máxima autoridad de la República, pues ahí donde debiera ella velar mínimamente por el derecho de propiedad, totalmente conjugable, además, con el de la seguridad social, sólo demuestra interés por la apropiación impropia y permanente de esos recursos para los tenedores del patrimonio ajeno del que hacen uso y abuso hace 40 años las AFP. Y si ello es a costa de defraudar al propio capitalismo, qué importancia puede tener si por esa vía se consolida poder económico y político ?.
Parece así imponerse, además, y sin contrapesos, la doctrina de que los buenos negocios del Estado que permitirían beneficiar al pueblo son sólo para los amigos de lo ajeno con capacidad para disfrazarse como los dueños de todo. Y en esa línea, obvio, el nuevo modelo de transporte público propuesto calza perfectamente, pues se deja al Estado la carga de máquinas y terminales para que se privaticen riquezas y ganancias de mejor y más rápida forma y sin mayores riesgos. Mismo criterio que se aplica a las ahorros de los trabajadores, donde el Estado asume los déficit del sistema mientras los privados, con capital ajeno, se benefician de ganancias a costa del futuro de los chilenos.
Una semana ya del “Acuerdo por La Paz” que se siente cada vez más como un acuerdo sólo para La Paz entre Gobierno y oposición, pero sin capacidad alguna ambos, salvo contadas excepciones que empiezan a emitir gritos de desesperada angustia, de sintonizar con la ciudadanía, comprender sus dolores, ponerse sentidamente en su lugar y ocuparse políticamente de soluciones concretas y efectivas que sean capaces de estar a la altura de lo que Chile nos demanda.
De rebaja del transporte público nada aún, a tal punto que el de regiones, que es más caro que el de la capital, ni siquiera entra en la discusión. De mejora de la salud alguien ha escuchado algo ? me avisan, tal vez estoy poco atento a las cadenas del Presidente. Pido disculpas si es eso. De pensiones sólo sabemos que el fondo E se desplomó perdiendo 7% en muy poco tiempo. Cientos de miles de personas están viendo desaparecer millones de pesos de sus cuentas de capitalización como si su esfuerzo de ahorro hubiera sido un simple sueño. Y acaso no promocionaron al Fondo E “los técnicos” como el fondo de resguardo de los pensionados. Tal vez es otro descuido mío. Pido disculpas si es así. Pero, acaso, NO tienen los pensionados de este país derecho, al menos, a un fondo garantizado para proteger los ahorros que con tanto esfuerzo construyeron y con los que auto pagan sus propias pensiones ? Como siempre la industria llama a la calma, el superintendente brilla por su ausencia y los expertos culpan al conflicto social de la debacle, aun de aquello que vendieron como lo más seguro.
De tarifas eléctricas, sanitarias o de uso de carreteras a precios más justas, ni hablar. En este último caso, incluso, se proyectan nuevas licitaciones y re licitaciones de infraestructura vial ya construida y pagada a buen precio al proveedor de ella.
Y si se trata de recursos frescos y adicionales para enfrentar la crecida cesantía, que segura y lamentablemente pasará los dos dígitos, el presupuesto de la nación que se ha aprobado no da mayores luces y, al parecer, sólo proyecta sombras. A menos de 30 días del terremoto del 2010 en Chile teníamos total conciencia, entre el ejecutivo y el legislativo, de la necesidad de re destinar recursos de la entonces vigente ley reservada del cobre, lográndose en tiempo récord la tramitación de una ley que aportó US 1.200 millones para ello. Hoy derogada dicha ley, nos quieren hacer creer que esos recursos ya no existen y que la única salida son impuestos adicionales que, por cierto, hay que crear y luego recaudar, lo que en tiempos de crisis es señal de fuga de capitales y de mucha menor inversión, consecuentemente.
De exención de IVA a la construcción de viviendas de hasta 3500 UF ni hablar, pues para un ortodoxo sector de la oposición eso es subsidiar las casas de los ricos. La clase media seguirá viendo, así, restringido ese mercado y encarecido, por tanto, en casi un 20%, amén del aumento de precios por restricción del stock de oferta de ese tipo de unidades habitacionales.
Pensar en la exención de tributos a las utilidades por un plazo razonable para todas aquellas nuevas empresas que demanden mano de obra no está ni en el sueño más breve de los congresistas ni del ejecutivo. Postergar IVAS e impuestos territoriales del último trimestre del año para todas las pymes de Chile y crear líneas de crédito robustas, sin intereses de ningún tipo, podría ser catalogado como demencial por los expertos del Gobierno y, seguramente, de la oposición.
Así lo prudente, según algunos, es ser responsable fiscalmente, lo razonable es seguir discutiendo sin prisa y con pausas sobre pequeñas medidas y, por cierto, defendiendo las “bondades” del Acuerdo por La Paz y del esfuerzo histórico para alcanzar ello. Ejemplo de ese derrotero es el acuerdo en materia de pensiones donde la oposición, nuevamente, acepta postergar al país al desaprovechar la ley de presupuesto del sector público para subir la pensión básica solidaria en un 50% , renunciando a toda mínima corrección al esquema de defraudación previsional imperante en Chile.
En este escenario, agravado por un Presidente más preocupado de la militarización del país que de la implementación de soluciones a la crisis, Gobierno y Oposición desperdician “una oportunidad histórica” que era lo único histórico del Acuerdo por La Paz y una Nueva Constitución.
