Mientras el Gobierno trabaja para “convencer” a los parlamentarios de la derecha para que no apoyen el proyecto del tercer retiro del 10% de las AFP, el diputado Álvaro Carter (IND ex UDI) hace lo propio para que se apruebe una reforma constitucional para inhabilitar al TC ante una eventual revisión del proyecto. Esto, dado que el Ejecutivo afirmó que irá a dicho organismo para evitar que la medida prospere.

“El Gobierno y mi sector no pueden ser indiferentes al gran interés y aprobación que genera en la ciudadanía la posibilidad de acceder a un tercer retiro de fondos. La hiper focalización de las ayudas aprobadas en el Congreso, sólo generan incertidumbre en las familias, en momentos que debiésemos entregarles tranquilidad y certezas, dada la magnitud de la crisis generada por la pandemia“, afirmó el parlamentario al explicar las motivaciones de su propuesta.

En ese sentido, hizo presente que “cuando hay un proyecto que es tan esperado por la gente, en un minuto tan difícil del país, restringir un paso por el TC aliviaría en parte la ansiedad de las personas que requieren de fondos para cubrir emergencias en un instante donde muchos ni siquiera pueden salir a trabajar debido a las cuarentenas aplicadas en gran parte de Chile”.

“Acá estamos hablando de los fondos de las personas, no de las platas del cobre o dineros del fisco. Es dinero que la gente ha ahorrado y que les pertenecen y por eso es un sinsentido el que el TC se ponga del lado de las AFP a defenderlas como si fueran órganos fiscales cuando hay miles de chilenos que necesitan utilizar esos dineros”, enfatizó.

El proyecto
De acuerdo con el detalle de la moción, que ya está lista para ser ingresada en los próximos días, se trata de una moción que modifica la Constitución, limitando el Control Preventivo que ejerce el Tribunal Constitucional respecto iniciativas que autoricen el retiro y uso voluntario de recursos propios, cuya tramitación haya comenzado en situación de pandemia o excepción constitucional.

Así, el documento establece que el objetivo es “corregir una disposición constitucional que ha generado confusiones y dispersiones interpretativas, y que ha afectado seriamente el trabajo legislativo”.

“Con ella se busca facilitar y hacer más expedita la iniciativa legal respecto a temas de seguridad social, al menos en cuanto ellas permitan a los titulares de recursos propios disponer de ellos, cuando la gravedad del contexto social, político y salubre -o similar- así lo exija, y ello sea refrendado y validado por una amplia mayoría del Congreso constitucional y democráticamente elegido”, se agrega en la moción que sería presentada con el apoyo de otros miembros de la bancada oficialista.