Un poco máfs de tres meses alcanzó a estar María Soledad Velásquez como directora en el Instituto de Salud Pública (ISP). Tras un concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública, fue designada como nueva directora del ISP durante la segunda semana de agosto.
Sin embargo, tempranamente el sindicato de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) llamó a la alerta por esta designación, debido a que el rol de la nueva directora es fiscalizar a laboratorios y farmacias, empresas que habían sido empleadores de Velásquez hasta hace muy poco, quien fue una activa lobbysta de Laboratorios La Roche y Socofar, perteneciente a farmacias Cruz Verde.
El diario Interferencia publicó una artículo donde se evidencia que Velásquez había solicitado a ISP el pago de un viático por 1.500 dólares, el que sin embargo ya había sido financiado completamente con anterioridad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), institución que había invitado a la directora a un evento en Ginebra.
Sin embargo, según un documento los días de María Soledad Velásquez en el ISP han terminado. Contraloría, institución que aún no había tomado razón de su designación, notificó su negativa al Ministerio de Salud, cartera de la que depende el ISP, “por cuanto no se ajusta a derecho”.
Contraloría hace notar la labor de Velásquez en laboratorios y empresas farmaceúticas, como gerente y como lobbysta. Luego, expone que “lo expresado se traduce en que la persona designada se verá afectada por conflictos de intereses que pugnan con la probidad administrativa, consagrada en el artículo 8° de la Constitución Política y en la ley N° 18.575, entre otras disposiciones”.
“En el caso en estudio se contraponen el interés público por el que deberá velar en el ejercicio de su función como autoridad fiscalizadora de los medicamentos, farmacias y laboratorios, y el interés privado de aquellas personas y empresas para las cuales ha trabajado en altos cargos de confianza y representando sus intereses”, agrega la notificación de Contraloría.
El ente contralor agrega que María Soledad Velásquez “se vería impedida de intervenir y cumplir en esos asuntos los deberes inherentes a su empleo” debido a su cercanía con el mundo farmacéutico y de laboratorios, que debería fiscalizar y controlar.
Tras esta notificación, que se realizó este viernes 22 de noviembre, el Ministerio de Salud deberá decidir si opta por alguno de los candidatos preseleccionados junto con Velásquez en el proceso de Alta Dirección Pública; llamar a otro concurso, o impugnar la decisión de Contraloría. Esta última opción implicaría un complejo conflicto judicial entre las entidades, por lo que se ve políticamente inviable.