El caso judicial del mundo financiero más bullado de los últimos años, el Caso Cascadas, sigue escribiendo nuevos capítulos.

Esta vez Luis Eugenio Ponce, hermano del principal accionista de SQM y protagonista de este caso, Julio Ponce, es el foco noticioso. Hoy el juez del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Cristián Soto Galdames, decretó una orden de arresto contra Eugenio Ponce, ex director comercial y director de SQM, actual asesor del directorio.

Esta orden de arresto se da en el marco del juicio penal de Aldo Motta, ex gerente general de las sociedades cascadas de Julio Ponce. Luis Eugenio había sido citado a declarar anteriormente, pero no se presentó, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del Código Procesal Penal, por lo que el juez estimó ordenar su arresto hoy.

En el oficio de Cristián Soto, se le pide a Ponce que comparezca hoy a audiencia con el fin de prestar declaración en calidad de testigo.

En abril de este año ocurrió el “Supremazo” en el Caso Cascadas, dado que la segunda sala penal de la Corte Suprema, encabezada por el ministro Hugo Dolmestch, estableció que deberá repetirse el juicio en que se determinó que Motta Camp era culpable de dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y de un cargo de abuso de posición dominante.

En septiembre de 2014, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy Comisión de Mercado Financiero, estableció la existencia de un esquema que habría sido ideado por el controlador de SQM, Ponce Lerou, con el apoyo de Aldo Motta y Patricio Contesse Fica, gerentes generales de las sociedades Cascada y Potasios, para dejar disponibles paquetes de acciones a rematar en el mercado. La operación implicaba que luego se recomprara a precios mayores a los de su venta inicial. El mecanismo incluía sociedades Relacionadas, a cargo de Ponce Lerou; Vinculadas, a cargo de Roberto Guzmán e Instrumentales a cargo de Leonidas Vial y Alberto Le Blanc. La tesis es todos estos organismos recibían utilidades mientras que las compañías Cascadas, y por ende sus accionistas, asumían los sobrecostos. Por esta acción, se cursaron multas históricas que han sido constantemente rebajadas por parte del Tribunal Constitucional y los tribunales de justicia.

En otra arena, se inició una indagatoria por parte del Ministerio Público que tuvo el 13 de enero una primera sentencia: el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó a Motta Camp a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, sanciones accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y, prohibición por un plazo de cuatro años para ejercer cargos y oficios públicos. También se le impuso la pena accesoria del artículo 61 bis de la Ley de Mercado de Valores, es decir, la inhabilitación especial de cinco años para ejercer como gerente, director, liquidador o administrador, a cualquier título de una sociedad o entidad fiscalizada por la CMF.

La condena consideró que el ingeniero era culpable de dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y de un cargo de abuso de posición dominante. En el juicio, el ejecutivo fue absuelto de otras tres transacciones que implicaban la eventual entrega de información falsa al mercado y la adulteración de actas de directorio.