El vocero de la agrupación Luis Mesina, mencionó que el problema central es que el Poder Judicial haya solicitado al Tribunal Constitucional pronunciarse ante el recurso de protección interpuesto por la profesora jubilada, María Angélica Ojeda, contra la AFP Cuprum por negarle el retiro de sus fondos.

Asimismo, el ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta Óscar Clavería y el abogado Fernando Orellana dictaron una resolución en la que pidieron el pronunciamiento del TC, por considerar que el decreto ley que impide el retiro de los fondos vulnera la constitución.

 

En esa misma línea, la abogada de Javiera Aravena, coordinadora a nivel nacional de la tramitación jurídica de la campaña, explicó que los hechos visualizan “que existen normas inconstitucionales del decreto ley que impedirían a los trabajadores a disponer de sus fondos de pensiones. En ese caso, la Corte de Apelaciones sostiene enfáticamente que el decreto ley 3.500 no satisface el derecho a la seguridad social, justamente lo que hace es no garantizar pensiones dignas y justas para los trabajadores. Además, lesiona el derecho a la propiedad constitucionalmente garantizada”.

 

Ante la posibilidad de que el TC no acogiera la solicitud o la declarase inadmisible, Mesina sostuvo que sería una situación “impresentable” y se cuestionaría la democracia del país.

 

Según Mesina, la estrategia de la coordinadora de recurrir con recursos de protección a las Cortes de Apelaciones no es para quedarse con el dinero de los trabajadores, sino para establecer que las personas son realmente propietarias de sus ahorros.