La derecha y la centroizquierda chilena tienen una deuda pendiente con el país: reconocer que el sistema tributario se volvió excesivamente complejo, poco transparente y crecientemente hostil para quienes invierten, emprenden y producen en Chile. La discusión sobre la reintegración tributaria vuelve a poner este problema sobre la mesa.
Durante años se instaló la idea de que subir impuestos al capital era casi sinónimo de justicia social. Pero la realidad terminó siendo bastante más dura: menor inversión, crecimiento mediocre, salarios reales estancados y una economía que dejó de moverse al ritmo que Chile alguna vez conoció. Entre 2000 y 2014 crecíamos cerca del 4,5% promedio anual; hoy nos acostumbramos peligrosamente a cifras cercanas al 2%.
Y aunque sería injusto atribuir toda la responsabilidad al sistema tributario, también sería ingenuo negar que éste pasó a transformarse en un verdadero laberinto normativo donde muchas veces las circulares administrativas, oficios interpretativos y criterios internos parecen tener más peso práctico que la propia ley.
Ese es quizás uno de los mayores problemas del modelo chileno actual: no sólo tenemos impuestos altos y desintegrados, sino además un marco regulatorio farragoso, hiper técnico y difícil de comprender incluso para especialistas. Se generó una especie de “dimensión desconocida” tributaria donde la certeza jurídica empieza a diluirse entre interpretaciones administrativas, regímenes especiales, excepciones, subregímenes, normas transitorias y cambios permanentes de criterio.
Para una gran empresa esto ya es complejo. Para una pyme, muchas veces es simplemente asfixiante.
Lo más paradójico es que Chile sigue teniendo enormes ventajas comparativas: estabilidad institucional, apertura comercial, tratados internacionales, fortaleza financiera relativa y un ecosistema digital muy superior al promedio latinoamericano. Pero esas fortalezas pierden fuerza cuando el inversionista siente que debe navegar un sistema donde entender cuánto pagará finalmente de impuestos requiere casi un comité de expertos.
La columna de Juan Alberto Pizarro acierta cuando plantea que la reintegración no debe verse como un privilegio para grandes patrimonios, sino como una herramienta para recuperar neutralidad, incentivar reinversión y volver a hacer competitivo al capital chileno. Especialmente porque hoy ocurre algo difícil de explicar a cualquier ciudadano común: en ciertos casos puede resultar más eficiente invertir en Chile desde el extranjero que hacerlo directamente desde Chile.
Eso no es progresismo. Eso es simplemente un mal diseño.
Y aquí corresponde también un ejercicio de honestidad política. Muchos advertimos en su momento que varias reformas tributarias terminarían afectando inversión, construcción, vivienda y crecimiento. Pero no tuvimos la fuerza suficiente para detener decisiones que hoy incluso varios de sus impulsores comienzan a mirar con más distancia crítica.
Al menos queda la tranquilidad de haber dado ciertas batallas importantes: evitar un impuesto más agresivo al mayor valor en la venta de inmuebles y lograr límites razonables en materias sensibles para las familias y la clase media. Nos hubiera gustado hacer más. No pudimos.
Chile necesita recaudar. Por supuesto que sí. Pero recaudar mejor, con reglas simples, estables y comprensibles. Un sistema tributario exitoso no es el que genera más miedo ni más burocracia; es el que logra financiar al Estado sin destruir los incentivos para invertir, innovar y crecer.
Porque al final, cuando un país deja de crecer, el que termina pagando la cuenta no son “los ricos” ni “las empresas”. Son las familias, los trabajadores, los jóvenes que no encuentran oportunidades y las pymes que nunca logran despegar.
Reintegrar puede ser parte de la solución. Pero simplificar radicalmente el sistema y devolver certeza jurídica probablemente sea aún más urgente. Porque tan justo como pagar lo justo, es no tener que gastar en asesores para poder pagar lo justo, producto de la enorme complejidad del sistema tributario chileno.
