Foto: Excandidato presidencial y exministro Carlos Maldonado
El Partido Radical emitió un comunicado donde rechaza las declaraciones de algunos militantes en favor de la opción Rechazo, de cara al próximo plebiscito del 4 de septiembre, donde se someterá a escrutinio público el texto propuesto para una nueva Constitución. Incluso, les sugiere “guardar silencio” o renunciar a la colectividad.
“Llamamos a tales militantes a respetar las decisiones de los órganos que representan al territorio del partido, y si no acatarán esas resoluciones, los conminamos a guardar silencio, dejar el partido o someterse a las disposiciones estatutarias de la colectividad”, asegura el escrito.
La comunicación del partido se da luego de conocerse una carta donde miembros de la tienda justifican su postura por el Rechazo. Entre los firmantes se encuentra el expresidente de la colectividad Carlos Maldonado y el ex ministro de Justicia del primer período de Michelle Bachelet, Isidro Solís.
En esa línea, recalcan que desde el Consejo General del partido se decidió de manera unánime apoyar al Apruebo, por lo que la actuación de estos personeros “sobrepasa no solo su condición de militantes, sino que claramente actúan en contra de las resoluciones adoptadas libre y soberanamente por los órganos de la colectividad, lo que conlleva a aplicar e implementar sus disposiciones”.
En tanto, respecto al diputado independiente y que forma parte de la bancada Radical, Andrés Jouannet, quien también dio su respaldo al Rechazo, se afirmó que este es solo un acuerdo administrativo con la tienda y que “su permanencia en la misma se hace insostenible especialmente cuando realiza acciones y dichos que no comparte esta colectividad”.
Luego de conocerse la decisión de la actual directiva de esta colectividad, destacados militantes de este partido, exministros, excandidatos presidenciales, exsubsecretarios, exdiputados, exembajadores, exrectores de universidades sacaron una declaración en la que llaman a votar Rechazo.
Esta es la declaración y sus firmantes:
Los firmantes, militantes del Partido Radical, y personas unidas por los principios de
libertad, igualdad y fraternidad, y las ideas del socialismo democrático, habiendo tenido el
honor de desempeñarnos como dirigentes nacionales en diversas épocas, de luchar contra
la dictadura y en la recuperación de la Democracia, y de ser distinguidos en diversos cargos
académicos, de representación popular, o de Gobierno, hemos seguido con mucho interés
el proceso constituyente iniciado el 15 de noviembre del 2019, con la esperanza que ese
esfuerzo se tradujera en un nuevo Pacto Social que uniese a todas las chilenas y chilenos.
Fieles a nuestra historia y tradición republicana, anhelábamos que el resultado de
ese empeño concluyera en un Código Político que reforzase la unidad nacional; que
fortaleciese la democracia representativa; que instaurase un sólido y eficiente sistema
político; que consagrase la separación de los poderes públicos, con los adecuados
contrapesos que impiden los autoritarismos; que preservase el principio de igualdad ante
la ley; que reconociese un catálogo de derechos y obligaciones acorde con los nuevos
tiempos e inspirado en el respeto a los Derechos Humanos; a fin que nuestra Patria pudiese
seguir avanzando en la senda de la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad, la Paz, el Progreso,
y en la búsqueda de la Felicidad.
Finalizado el proceso constituyente y después de analizar el texto del Proyecto de
Nueva Constitución que se someterá a plebiscito, si bien valoramos el esfuerzo
democrático, participativo y deliberativo que se ha realizado, debemos concluir con pesar
que se ha desperdiciado una histórica oportunidad, pues al terminar más divididos y
polarizados de lo que ya estábamos, no se ha cumplido con el propósito esencial de toda
Constitución Política, de ser un factor de unidad, una auténtica Casa de Todos, frustrándose
así los sueños y esperanzas de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.
Hacemos nuestros y reconocemos como avances que deben preservarse, la
consagración de un Estado Social y Democrático de Derecho, el concepto de Estado Laico,
y el reconocimiento de nuevos y necesarios derechos económicos y sociales. Empero, los
errores y deficiencias estructurales, conceptuales y de eficiencia que presenta este texto
nos hacen imposible apoyarlo, máxime cuando violenta muchos de nuestros principios y
convicciones más profundas, y, a su vez, la experiencia nacional y comparada nos indican
que irremediablemente nos conduciría a mayores perjuicios y atrasos como país.
En efecto, comienza por poner en riesgo, en los hechos, el Estado Unitario que nos
acompaña desde los albores de nuestra independencia, el que ha posibilitado la identidad,
el desarrollo y la existencia de nuestro país por más de 200 años.
Transgrede la regla básica de la Democracia Representativa, que indica que un
ciudadano equivale a un voto.
Prosigue lesionando la clásica división y equilibrio de los Poderes Públicos, avance
civilizatorio esencial de las Democracias Modernas, eliminando el Poder Judicial como un
Poder del Estado, cambiando el eje del Poder Político real del Presidente de la República a
la Cámara de Diputadas y Diputados, abrogando el Senado de la República, creando un
experimento de sistema de gobierno que no ha sido probado en ninguna parte, al que
eufemísticamente denominan Presidencialismo Atenuado y Bicameralismo Asimétrico,
fórmulas que estudiadas, conducen necesariamente al Autoritarismo o Ingobernabilidad.
En lugar de mantener la unidad de los conceptos de Nación y Estado, en un marco
de reconocimiento, respeto y rescate de nuestra herencia y realidad multicultural, el texto
propuesto, por el contrario, divide al país, desde que otorga a los pueblos originarios la
categoría de naciones, les asigna territorios, autonomía, autodeterminación y sistemas de
justicia propios, y un conjunto de privilegios que violentan el principio de igualdad ante ley,
generando condiciones que afectarían la seguridad nacional, la integridad territorial, y
provocarían un clima permanente de conflictos en varias regiones del país.
Elimina el Poder Judicial, como tal, y crea un Consejo Nacional de la Justicia que
arriesga su politización, y la pérdida de la autonomía e independencia necesarias.
El incremento de derechos reconocidos y la posibilidad de hacerlos exigible vía
Recurso de Tutela Jurídica, derogando el Recurso de Protección, nos conduciría a una suerte
de Gobierno de los Jueces, en los que serían ellos quienes determinarían la viabilidad de las
políticas públicas, sin que exista siquiera una estimación económica de cuánto puede
significar, lo que unido al notable incremento del aparato público, en todos los niveles, nos
conduciría a un país inviable económicamente y con mayores frustraciones.
Por último, el candado entregado a los pueblos originarios en ciertas reformas
constitucionales y legales, es completamente inaceptable, en cuanto limitaría un pleno
ejercicio de la soberanía popular.
Chile se ha construido con el esfuerzo de todos. El camino al desarrollo no ha sido
fácil, pero nuestra solidez institucional, el estudio, el trabajo y el emprendimiento de cada
chilena y chileno nos han permitido vencer muchos obstáculos y avanzar en la senda del
progreso. Obviamente, existen áreas en las que aún queda mucho por hacer, como
acontece en el ámbito de la Previsión Social, la Educación, la Salud, la Vivienda y la
Seguridad Pública, pero esos son desafíos permanentes que sólo se pueden acometer
exitosamente con unidad, crecimiento y desarrollo.
El gran reto nacional es seguir avanzando en la lucha contra la pobreza, en la
creación de mayores ámbitos de Igualdad y en el Desarrollo Humano, siempre en un espacio
de Libertad y Democracia. Pero ello no se logra refundando el país, sino construyéndolo
sobre la base de lo que ya se ha alcanzado, evolucionando, progresando y respetando las
opiniones de todos. Por eso las Constituciones Políticas no pueden corresponder a
programas de gobierno, sino que deben ser marcos generales que expresen la idea de
derecho válida de una sociedad y que den cabida a todas las visiones.
Finalmente, en cuanto al reciente acuerdo dado a conocer por los partidos de
gobierno, en orden a comprometer cambios al texto constitucional que se propone, sólo ha
puesto en evidencia, por una parte, el reconocimiento de algunos de los defectos que este
contiene, como asimismo las incongruencias para garantizar el fiel cumplimiento de tal
compromiso, lo que, unido a los candados establecidos en el texto para hacer reformas al
mismo (2/3, o 4/7 más plebiscito, y consentimiento de los pueblos originarios), hacen
ilusoria cualquier posibilidad de cambios reales, si éste fuere aprobado.
Por todo ello, y pensando exclusivamente en el interés superior de Chile, hemos
llegado a la conclusión que, frente al desafío que impone el plebiscito del 4 de septiembre,
no tenemos más opción que votar RECHAZO, puesto que de ese modo, mediante la
continuidad democrática del proceso constituyente, podremos buscar, en un clima de
mayor entendimiento y unidad, los cambios constitucionales, sociales, políticos y
económicos que el país realmente requiere.
Agosto del 2022.
FIRMANTES:
1. RICARDO NAVARRETE, Dirigente Nacional PR, ex Senador, ex Presidente Nacional
del PR, ex Rector, ex Subsecretario de Investigaciones en 1er gobierno de Michelle
Bachelet, ex Embajador.
2. ISIDRO SOLÍS, ex Ministro de Justicia en 1er gobierno de Michelle Bachelet, ex
Subsecretario de Aviación y Minería en gobierno de Ricardo Lagos.
3. JAIME CAMPOS, ex Diputado, ex Ministro de Agricultura en gobierno de Ricardo
Lagos, ex Ministro de Justicia en 2do gobierno de Michelle Bachelet.
4. CARLOS MALDONADO, ex Presidente Nacional PR, ex precandidato presidencial PR,
ex Ministro de Justicia y ex Subsecretario General de Gobierno, en 1er gobierno de
Michelle Bachelet.
5. SERGIO JIMÉNEZ, Ex Ministro de Minería en gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.
6. ELSA PÁEZ, ex Tesorera Nacional ANEF.
7. AUGUSTO PARRA, ex Senador, ex Rector Universidad de Concepción, ex Embajador.
8. LUIS RIVEROS, ex Rector Universidad de Chile, ex Gran Maestro Gran Logia de Chile.
9. IVÁN MESÍAS, ex Diputado, ex Presidente Nacional PR.
10. PATRICIO TOMBOLINI, ex Presidente Nacional PR, ex Subsecretario de Transportes
en gobierno de Ricardo Lagos.
11. GUILLERMO VÁSQUEZ, Ex Senador.
12. MARGOT VELOSO, Presidenta Corporación Desarrollo Productivo Aysén
13. PATRICIO MORALES, ex Subsecretario de Marina, Carabineros y Minería en gobierno
de Ricardo Lagos.
14. EDUARDO DE LA BARRA, ex Alcalde de Concepción.
15. MIGUEL REYES, ex Superintendente Nacional del Cuerpo de Bomberos.
16. MARIO CABEZAS, ex Subsecretario de Minería en gobierno de Ricardo Lagos.
17. ROBERTO PLISCOFF, ex Subsecretario de Telecomunicaciones en gobierno de
Patricio Aylwin.
18. JORGE CHOCAIR, ex Subsecretario de Pesca en 1er gobierno de Michelle Bachelet.
19. MIRIAM SEÑORET, ex Dirigenta Nacional PR, candidata a Diputada en 2021,
candidata a la Presidencia Nacional PR en 2022.
20. JAIME JELINCIC, ex Intendente de Magallanes en gobierno de Ricardo Lagos.
21. CHRISTIAN TORRES, ex Presidente Nacional JRR (Juventud Radical Revolucionaria),
Director Jurídico de la Asociación Chilena de Especialistas Internacionales.
22. MARIO WEITZEL, miembro fundador JRR.
23. LORENZO CABALLERO, miembro fundador JRR.
24. DAVID JIMÉNEZ, ex Vicepresidente Asociación Chilena de Municipalidades, ex
Presidente Federación de Esgrima de Chile.
25. ALEJANDRO JARA, ex Embajador, miembro honorario Gran Logia de Chile.
