Una querella criminal por el delito de “administración desleal”, presentó la Fundación Isabel Aninat en contra de Gerardo Varela, actual presidente del directorio de la Sociedad Productora de Leche del Sur (Prolesur), por haber extinguido una deuda que mantenía Soprole con esta última, por 13.900 millones de pesos.

La acción legal dirigida contra Varela, exministro de Educación que debió renunciar a la cartera -entre otras salidas de libreto- por comentarios sexistas, fue interpuesta ante el Cuarto Juzgado de Garantía por el abogado Gabriel Zaliasnik.

La presentación -a la que accedió Radio Bío Bío de acuerdo a un artículo firmado por Jorge Molina Sanhueza– incluye a otros cuatro directores de Prolesur, entre los que destacan Tomás Walker, hermano del actual titular de Agricultura y los parlamentarios DC Arturo e Ignacio. Le siguen el abogado y colega de Varela en el estudio Cariola, Sergio Diez Arriagada y los neozelandeses Robert Spurway y Paul Campbell.

El escrito que ya fue admitido a tramitación y enviado a la Fiscalía Oriente, revela una guerra intestina en Prolesur, controlada por la neozelandesa Fonterra a través de Soprole -donde Varela fue presidente hasta principios de 2018- y dos sociedades extranjeras con asiento en Chile.

Parte de los detalles que reveló la Fundación Isabel Aninat -que forma parte de la propiedad de Prolesur- es que Varela, apenas asumió en octubre pasado, despidió al gerente general, Juan Carlos Petersen, enviándole un mensaje de Whatsapp, con el fin de “sacarse de encima una piedra en el zapato”.

Petersen no era cualquier empleado. Había sido contratado en 2015 como el primer ejecutivo externo y cuya misión era Convertir a Prolesur en una sociedad con mayor independencia de Soprole.

Sin embargo, a poco andar, Petersen, descubrió los ilícitos denunciados por la FIA, luego de hacer una revisión contable a través de la cual acreditó que Soprole adeudaba la millonaria suma, como pagos entre empresas relacionadas.

En la acción legal se detallan ásperas reuniones de directorio, donde la FIA asegura que Varela y los otros querellados, cometieron el delito a sabiendas para perjudicar a Prolesur y favorecer las millonarias ganancias de Fonterra, pese a existir informes de auditoras internacionales que advertían las irregularidades.

De acuerdo a la querella, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF, ex SVS) solicitó antecedentes y habría iniciado una investigación luego de la denuncia presentada por Enrique Alcalde, exrepresentante de la FIA ante Prolesur.

El abogado Gabriel Zaliasnik, patrocinante de la FIA solicitó, entre otras diligencias, que el Ministerio Público interrogue en calidad de imputados al propio Varela, Diez, Walker, Spurway y Campbell.