El abogado Aldo Duque presentó una nueva querella en el marco del Caso Sierra Bella, por lo que se espera que en los próximos días se abra una nueva investigación penal al respecto.

Recordemos que la indagatoria apunta al eventual sobreprecio que la Municipalidad de Santiago pactó para comprar la ex Clínica Sierra Bella.

Cabe destacar que el avalúo fiscal de Sierra Bella asciende a $1.940 millones; sin embargo, el inmueble fue adquirido por $8.200 millones.

A raíz de lo anterior, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte podría iniciar una nueva investigación, luego de que se presentaran dos querellas en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago debido al presunto sobreprecio, así lo consignó El Mercurio.

Según la acción penal, el avalúo comercial de la clínica no podía superar los $3.000 millones.

“Siendo absolutamente inexplicable que la Municipalidad de Santiago, por acuerdo mayoritario de su Concejo, haya resuelto pagar más de $8.200 millones, es decir, una diferencia de más del 150% superior a su avalúo comercial”, dijo Duque.

En tanto, una segunda acción fue presentada por el abogado Sergio Rodríguez, en representación de los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, apuntando a un eventual fraude al fisco.

“Los hechos son extremadamente graves, atendido el enorme perjuicio causado al patrimonio municipal. La investigación deberá determinar quiénes no cumplieron con el deber de cautelar los intereses públicos y privilegiaron la ganancia de los particulares, y cuáles fueron los motivos para ello”, enfatizó Rodríguez.

La querella solicita que se cite a declarar a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler; a Paola Melo Cea, concejala Comisión de Salud, y Felipe Andrés Sánchez Pérez, abogado, representante legal de Inmobiliaria San Valentino SpA (de la clínica Sierra Bella).

“Las referidas tasaciones son ideológicamente falsas, ya que no dan cuenta del valor comercial del inmueble y sus instalaciones. Todas ellas, adicionalmente, fueron realizadas de acuerdo a los antecedentes aportados por la propia vendedora y no por el comprador, no obstante que fueron encargadas y pagadas con fondos públicos”, recalca la querella.