En situaciones de emergencia y excepción institucional se eleven la centralidad y protagonismo de los gobiernos. Ello se acentúa aún más en regímenes de un remarcado presidencialismo como es el caso de Chile.

 

A las facultades extraordinarias, propias de estado de emergencia, se agregan las facultades privativas del ejecutivo, consagradas en la Constitución, respecto de iniciativas legislativas que irroguen gastos al erario nacional. Se agrega a lo anterior el férreo control de los medios de comunicación por parte de los grupos económicos dominantes.

El telón de fondo lo constituye un cuadro de desvalorización y desprestigio de la política, que es parte de una estrategia, facilitada por errores de algunos políticos, destinada a impedir la extensión y profundización de la democracia, tanto en el plano político institucional como en el de los mercados, la economía y las finanzas.

 

A este último factor obedecen la farandulización de la política, el vaciamiento de contenidos del debate público, y las liviandades temáticas con las que se pretende inundar todo lo que dice relación con lo político. Sobran ejemplos, como los de alcaldesas bailando, la repetición irritante de personajes en los canales de televisión, y los intentos por instaurar la idea de que, dada la pandemia, no se puede rebatir al gobierno, las medidas que impulsa ni menos aún la exposición a la ciudadanía de las debilidades estructurales del modelo económico imperante y los intereses que privilegia.

 

En este complejo y adverso contexto, la oposición, con todas sus insuficiencias mediante, debe afrontar las tareas de control, freno y contrapeso a la acción gubernativa, buscar la colaboración y consenso necesarios de la política, así como la representación y critica de lo que estime erróneo e inconveniente a los intereses de la ciudadanía, golpeada por los efectos de la crisis sanitaria.

 

Esta es una misión que no admite complejos, que requiere templanza, convicciones, antecedentes fundados y la decisión de situar ante la sociedad una agenda socio económica y político-institucional que vaya al fondo de los graves problemas y contradicciones que nos aquejan, y que se han mostrado con mucha mayor nitidez en esta crisis. Que denuncie y evidencie las limitaciones de las propuestas gubernamentales guiadas por un dogmatismo económico del cual no es capaz de sacudirse, porque está en su esencia y porque su tarea fundamental es resguardar los intereses de los grandes negocios.

 

La oposición no tiene por qué aceptar la malversación institucional y de la agenda política que pretende el gobierno. Se ha demostrado en todo los tonos y con antecedentes que no es verdad la afirmación de que no existen más recursos para implementar medidas de emergencia económica dignas y realistas. El gobierno no puede chantajear con la desesperación de la gente, para imponer una agenda cuya estrechez y mezquindad están determinadas por un economicismo insensato, subordinado al monetarismo que solo hará más cruel la vida de millones de chilenos. Las responsabilidades deberán quedar claramente establecidas.

 

El gobierno tiene la obligación de exponer con claridad ante el parlamento chileno las fuentes y destino específico de las medidas y el estado de ejecución de estas. El parlamento deberá convocar a los líderes y dirigentes gremiales, especialmente, de los trabajadores y las reales pequeñas y medianas empresas, para identificar de manera precisa la ocupación de las platas, que por lo demás pertenecen a la ciudadanía toda.

 

Tendrá que haber meridiana claridad en el país, que ni el Covid -19, ni el estado de catástrofe, pueden ser cortinas para invisibilizar los derechos de una oposición democrática y responsable y de las organizaciones sociales a participar. La ocurrencia de estos eventos tampoco llegan a invisibilizar las causas estructurales de los abusos, las desigualdades e inequidades del orden económico y social en contra del cual se han movilizado millones de compatriotas.

 

Hay que avanzar en la definición de los mecanismos para implementar los acuerdos alcanzados y asumidos con el ministro de Hacienda, al calor de las movilizaciones de octubre, en orden a terminar con una serie de exenciones, como aquellas de las ganancias de las acciones, y en un incremento sustantivo a los tributos a las utilidades y ganancias de empresas e individuos. Ello es consecuente y necesario a objeto de lograr una justa y necesaria recaudación para un crecimiento con equidad que, asimilando la experiencia, asuma que algunos aspectos claves para el desarrollo, tales como educación, salud, ciencia e investigación y desarrollo tecnológico, definitivamente no están sujetos al exclusivo valor de cambio, ni pueden ser reducidos a meras mercancías transables en un mercado concentrado, oligárquico y primario.

 

En esa línea de esfuerzos por la instalación de una agenda por la justicia social, humanista y de superación de las profundas inequidades, el gobierno , en vez de pretender impresionarnos con el anuncio de despliegue de nuestros soldados de elite, quizás debiesen, como lo exigen las circunstancias dramáticas que vivimos, impulsar, con confianza y hermandad latinoamericanista, un dialogo franco y responsable, prudente y audaz, con nuestros vecinos argentinos, peruanos y bolivianos, para “aplanar” la curva de nuestros gastos en materia militar, porque tanto todos ellos, como nosotros, requerimos concentrar esfuerzos, inversiones y recursos en nuestros pueblos.

 

Los tiempos exigen liderazgos ilustrados, erradicar los lenguajes belicistas, guiados por falsas teorías del enemigo interno para sustentar el absolutismo economicista y una también falsa geopolítica que contribuye a dificultar la integración y cooperación entre nuestros países hermanos tan necesarias para la paz y el desarrollo integral de nuestras sociedades.

 

Es a estas grandes tareas a la que está llamada la oposición y no a solo a negar o apoyar las iniciativas del Ejecutivo. Es a esta agenda, con estas exigencias que la oposición debe plantear al gobierno, en dialogo serenos pero con firmeza, y convocar a la sociedad y sus expresiones diversas.

 

Las carencias y estrecheces conceptuales y valóricas del gobierno de Piñera no tienen por qué contagiar ni subordinar a una oposición que, matices mediantes, se identifica con los grandes valores de la justicia, la democracia, la igualdad de las libertades y el humanismo liberador.