Un centenar de funcionarios del INDAP fueron despedidos por razones políticas de sus puestos por una orden emanada del director nacional del organismo el exdiputado de la UDI por la región de Los Lagos Carlos Recondo, (en la foto) quien instruyó a los jefes regionales de entregar nombres de los funcionarios a contrata para proceder a su despido antes que finalizara el mes de octubre.

 

Esto ocurrió, sin previo aviso y en forma intempestiva. Se produjeron desvinculaciones en todas las regiones del País, afectando a más de 96 funcionarios de contrata, la mayoría con más de 4 años de servicios,
y algunos con más de 20 años.

 

Ante esta situación se formó un grupo al interior de la institución denomido "INDAP no es botín" con la finalidad de defender a los funcionarios ante los despidos que encuentran injustificado. 

 

En la nota a la que tuvo acceso Cambio21, se lee: 

"Llámanos a sumar vuestro apoyo para poder revertir esta injusta decisión, fundamentada en las siguientes causales:

a) Los funcionarios desvinculados tenían su contrato validado y con toma de razón de contraloría como fecha de término el 31 de diciembre de 2018.

 

b) Aun cuando, los funcionarios públicos no se rigen por el código del trabajo, sino por el estatuto administrativo, es un hecho que los tribunales están extendiendo crecientemente la aplicación del código del trabajo a conflictos suscitados entre funcionarios públicos y los servicios que se desempeñan. Bajo este concepto han existidos claras vulneraciones a derechos fundamentales

presentes en nuestra Constitución.

c) En este sentido el despedir a 3 días de terminar el mes, es una clara vulneración de los derechos laborales, ya que no permite hacer uso de vacaciones, permisos administrativos, días compensados, etc, que existen en sus contratos hasta el 31 de diciembre.

 

d) Que la resoluciones, que pusieron fin al contrato a más de 90 funcionarios de INDAP en todo el país fue una resolución que su anunciado dice que se “Aprueba la reestructuración interna de todas las regiones”, resolución que es claramente ilegal y arbitraria.

 

e) Esta resolución presenta claras inconsistencias en su planteamiento, ejemplo de ello es que hay presupuesto hasta el 31 de diciembre de 2018 para estos funcionarios desvinculados, y lo más grave es que la Dirección de Presupuesto (DIPRES) aprobó un aumento en un 0,9 % al presupuesto para
contrataciones, por lo tanto no hay restructuraciones ni supresión de cargos, ya que los programas cuentan con su financiamiento.

 

f) Que detrás de esta llamada “Reestructuración” no existe un estudio ni un documento, solo una burda explicación que se copió y pegó, siendo todas idénticas, y lo grave validada en forma cómplice por los respectivos Jefes de Personas y Directores Regionales.

 

g) Que todos los funcionarios desvinculados, no ocupan cargos de confianza, todos con buenas evaluaciones, y en el desempeño de sus cargos con altos niveles de gestión.

 

h) La gran mayoría de los funcionarios ocuparon jefaturas en la administración anterior, y desde el cambio de esta nuevo gobierno, han sido víctimas de maltrato laboral, ya que la primera medida implementada fue sacarlos de sus cargos y degradarlos bajando sus grados (sueldos), sin un claro análisis, esta situación fue observado por la Contraloría General de la República, lo que obligo a restituir sueldos, ya que el procedimiento administrativo no correspondía.

i) Las nuevas jefaturas son todas de confianza de la nueva administración, en la mayoría de los casos sin la experiencia ni las competencias necesarias, cayendo en un claro nepotismo y clientelismo.

Todo esto se ha visto reflejado en la deficiente ejecución presupuestaria, poniendo como ejemplo de devolución de más de M$500.000 del programa SIRSD-S (Programa de recuperación de suelos degradados sustentables) en la regiones del Ñuble y Bío Bío, también el atraso en la licitación del
Programa de Transferencia Tecnológica (SAT) en la región de O’Higgins, en más de 5 meses, en donde se afectó a agricultores y profesionales.

j) El empleador del funcionario público es el estado, y no el gobierno de turno, como ha ocurrido.

 

k) El funcionario Público, no es un botín Político, que se disputa cada 4 años en una malévola dinámica plebiscitaria. Es absolutamente inaceptable que sobre la base de la tacha de un jefe de servicio o depersonas cercanas a la nueva coalición de gobierno se instauren listas negras y se inicien persecuciones odiosas, se reitera que esto se trata de una visión patronal y autoritaria que no tiene cabida en el Estado chileno.

 

l) Solicitamos poder legislar sobre la modernización del Estado, a mirar sobre los nuevos modelos de servicio público del mundo.

Con todos estos antecedente, llámanos a su apoyo, para que esta situación se revierta en forma inmediata, y que si el estado quiera prescindir de algún funcionario sea de acuerdo a lo que menciona el Estatuto Administrativo y lo instruido por la Contraloría.

 

A 3 años de una nueva elección presidencial, creemos que estos círculos de cuoteos políticos en cargos que no son de confianza no tienen un sustento legal, y son claramente arbitrarios y discriminatorios, y son ampliamente rechazados por tribunales Nacionales e internacionales.

Como grupo de funcionarios, afectados por las desvinculaciones y funcionarios activos que solidarizamos con nuestros colegas, esperamos una pronto solución.

 

Contamos con el apoyo de la ANEF, y algunas asociaciones de funcionarios, ya que nos hemos dado cuenta que muchas directivas ANFI, han sido cómplices pasivos de estas injusticias, en su debido momento se denunciaran, ya que creemos que tampoco debemos pasar por alto esa grave situación.