Foto: Ministro Fernando Rabat y Punta Peuco

Dos exuniformados condenados por crímenes de la dictadura salieron en libertad anticipadamente luego de recibir rebajas de condena de ocho y nueve meses, mediante decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, "por orden del Presidente de la Republica" como señala expresamente el decreto que rebajó las penas de cárcel.

Ambos sujetos estaban presos en Punta Peuco en Til Til, en tanto que el tercer favorecido -que lo damos a conocer en otra crónica en Cambio21-  César Luis Acuña Luengo, exagente de la CNI estaba preso en la cárcel de Colina 2 y también está en libertad.

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El primero se trata del excarabinero Miguel Segundo Arias Navarrete y el segundo del exintegrante de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) Manuel del Carmen Cabezas Pérez, quienes cumplían sus penas en Punta Peuco.

Según reveló Radio Biobío, ambos recibieron los beneficios antes del término original de sus condenas, previa firma del ministro Rabat.

Miguel Arias, condenado a seis años de presidio por el secuestro calificado de Justo Segundo Flores Martínez en 1973, recibió una reducción de nueve meses. Su condena debía finalizar el 14 de diciembre de 2026, pero se adelantó al 14 de marzo.

Una de las piezas centrales fue el testimonio de Juana Flores Martínez, hermana de Justo. Lo reconoció como uno de los carabineros que participaron en la detención. Después, cuando fue a preguntar por su hermano, Arias le dio a entender que había quedado libre.

Pero no era cierto. Justo seguía privado de libertad y el 16 de octubre de 1973 fue ejecutado a disparos en un camino interior del fundo Santa Adela, en San Bernardo. Su cuerpo fue abandonado junto al de Luis Enrique Pérez Balbontín, otro detenido de la misma tenencia y asesinado por un piquete de carabineros.

Funcionario de la Fach participaba en torturas: a un preso le marcaron el signo de la Unidad Popular en la espalda con un yatagán

Por su parte, Cabezas fue condenado a cinco años y un día de presidio por delitos reiterados de aplicación de tormentos con lesiones graves contra dos detenidos en la Base Aérea El Bosque. Una rebaja de ocho meses adelantó el cumplimiento de su pena desde el 28 de noviembre al 28 de marzo de 2026.

Fue condenado a cinco años y un día como autor de delitos reiterados de aplicación de tormentos causando lesiones graves contra Patricio Mario Rivera Cornejo y Ramón Daniel Pavez Casanova. La Suprema mantuvo la condena el 10 de noviembre de 2021 según investigación de radio Biobío.

Rivera trabajaba en Madeco, militaba en el Partido Socialista y pertenecía al Cordón San Miguel, que coordinaba a trabajadores, pobladores y estudiantes y organizaba la distribución de alimentos. Lo detuvieron en su casa el 19 de septiembre de 1973. Tras pasar por una comisaría, fue llevado a El Bosque, donde sufrió interrogatorios con electricidad y simulacros de fusilamiento.

No solo eso. También le marcaron el signo de la Unidad Popular en la espalda con un yatagán. Después fue trasladado al Estadio Nacional, sometido a un consejo de guerra y finalmente expulsado del país.

Pavez, dirigente estudiantil, fue detenido sin orden judicial ni administrativa el 18 de octubre de 1973, en el centro de Santiago. Lo llevaron al Ministerio de Defensa y luego, vendado, a la base aérea. Permaneció allí entre una semana y diez días, sometido a golpes y electricidad.

Las consecuencias no terminaron con la prisión. La sentencia recoge secuelas psicológicas persistentes en ambos sobrevivientes, incluidos cuadros de estrés postraumático, y califica los hechos como crímenes de lesa humanidad. El tribunal mantuvo la responsabilidad de Cabezas como autor.

El abogado de Arias y Cabezas, Ricardo Bravo Cornejo, defendió las rebajas y explicó que corresponden a meses acumulados por comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de las penas. “No se trata de defender los delitos cometidos, sino de defender la aplicación de la ley”, afirmó al citado medio.

Las revelaciones se producen en medio de los cuestionamientos al Ministerio de Justicia por rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de la dictadura. Ante las críticas, la cartera anunció la suspensión de la tramitación de estos decretos y medidas legislativas.