El senador Francisco Huenchumilla (DC), ingresó un proyecto al Senado que busca permitir levantar el secreto bancario en caso de autoridades.

En concreto, la iniciativa permitiría “liberar la información financiera de autoridades como el Presidente de la República, parlamentarios, alcaldes, concejales, gobernadores regionales, consejeros regionales y demás altos funcionarios del Estado, de confianza del Presidente de la República o no”.

Entre los cargos de confianza del Presidente, el proyecto menciona a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, embajadores, directores de servicios o asesores.

Por otro lado, entre los altos cargos públicos que no entran en dicha categoría, están los generales de Fuerzas Armadas y de orden, el director de la PDI, el contralor general de la República, el fiscal nacional y fiscales regionales, y magistrados de los tribunales superiores de justicia.

El legislador explicó que “el propósito de este proyecto de ley es que todas las autoridades electas por votación popular, llámense Presidente de la república, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, concejales y CORES, y otras altas autoridades del Estado, así como los que sean designados como funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República, no tengan secreto bancario”, dijo el parlamentario.

“La idea es que exista la máxima transparencia en el manejo de los dineros, respecto de todas las autoridades que tengan altas funciones en el Estado, con el propósito de generar una norma de transparencia y probidad en el ejercicio de sus funciones”, explicitó el senador.

Huenchumilla detalló que el secreto bancario “es una práctica generalizada en la industria bancaria, y está respaldada por leyes y regulaciones en muchos países. Su propósito es proteger la privacidad de los clientes y evitar el acceso no autorizado a su información financiera”, consideró.

El legislador, sin embargo, aclaró que “es importante tener en cuenta que (actualmente) el secreto bancario no es absoluto, y los bancos pueden estar obligados a revelar información bajo ciertas circunstancias, como en el caso de las investigaciones judiciales, o requerimientos de autoridades reguladoras”, planteó.

La iniciativa define que los límites al secreto bancario, además de investigaciones judiciales y requerimientos de autoridades reguladoras, también consideran situaciones donde deba prevenirse el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo o cualquier riesgo de estabilidad del sistema financiero.

Sin embargo, la iniciativa explicita que el secreto bancario en la actualidad “puede ser levantado respecto a determinadas investigaciones penales, pero no respecto a personas indicadas de manera expresa por la ley, situación que venimos a intentar modificar en el presente proyecto de ley”.

“A este respecto, proponemos, basados en el principio de probidad y transparencia en la gestión pública, que el secreto bancario no recaiga sobre las operaciones de las cuentas bancarias de ciertas personas”, puntualiza el considerando del proyecto, para luego especificar todos los cargos antes mencionados.