A través de una breve declaración, la Superintendencia de Pensiones confirmó que le entregó los datos personales al Ministerio de Hacienda de cotizantes que retiraron su dinero de las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP) en el primer proceso.

El organismo fiscalizador sostuvo que “en atención a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 20.403, de 2009, la Superintendencia de Pensiones debe dar cumplimiento a lo señalado en el citado cuerpo legal, razón por la cual entregó la información requerida en tiempo y forma”.

Al respecto, el diputado del Partido Socialista (PS) Leonardo Soto no descartó presentar una acusación constitucional contra el ministro Ignacio Briones ante la solicitud de Hacienda.

“Yo no descartaría a que toda esta polémica que ha sido muy pública, que ha irritado a millones de chilenos que ven cómo sus derechos personales, la privacidad de sus decisiones personales, está siendo intervenida por el Ministerio de Hacienda, pueda desembocar en una acusación constitucional“, aseguró.

“Por una razón muy simple, porque la Constitución establece que si un ministro de Estado comete ilegalidades puede ser destituido por su responsabilidad en ella., y aquí estamos hablando precisamente de que los expertos le han dicho al ministro de que lo está haciendo es ilegal“, agregó.

Por su parte, desde Hacienda insisten en que la Ley 20.403 faculta al ministerio de realizar esta solicitud, sin embargo, expertos aclararon que solo permite la recopilación de datos para efectos de la propia ley que se refiere a conceptos de reajuste a remuneraciones, aguinaldos y otros beneficios.