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Superintendencia de Salud multó a Masvida y Cruz Blanca por integración vertical

Ambas isapres fueron sancionadas con 1.000 U.F por incompatiblidad de cargos ejercidos simultáneamente.

Tras un año de investigación, la Superintendencia de Salud resolvió sancionar a las isapres Cruz Blanca y Masvida por integración vertical -que implica que una misma compañía sea dueña de una isapre, una clínica y/o un centro médico- luego de constatar la dualidad de funciones de ejecutivos claves en estas dos entidades.

De acuerdo con los publicado por La Segunda, el ente regulador multó a Cruz Blanca con 500 U.F (más de 13 millones de pesos) por incompatibilidad de cargos ejercidos en forma simultánea para la isapre y los prestadores de salud y otras 500 UF por las ingerencias en la administración de los prestadores de salud por parte e un miembro del directorio de la isapre.

En el caso de la ex isapre Masvida, el regulador la multó con 1.000 UF (Más de 26 millones de pesos, luego de que en la investigación se determinara que Erwin Sariego Rivera, gerente general de la isapre Masvida S.A hasta 2014, asumiera el mismo cargo en Empresas Masvida S.A. sin suscribir contrato con esta última empresa.

De hecho, sus remuneraciones se siguieron pagando con recursos de la isapre y siguió ejerciendo como gerente general de la isapreesta.

En el documento que sanciona a Masvida se hace presente que la isapre no presentó descargos ni acompañó medios de prueba que permitieran desacreditar los hechos constatados, justificar su conducta o eximirla de responsabilidad respecto de la infracción.

Sobre estas multas aún es posible que ambas isapres sancionadas puedan pedir la revisión mediante la presentación de un recurso de reposición, que se puede interponer en un plazo de cinco días hábiles desde que son notificados.

En tanto, cabe mencionar que cuando comenzó este proceso investigativo, la otra isapre que estaba en la mira de la autoridad era Banmédica. Al respecto, trascendió que se le formularon cargos por incompatibilidad de funciones y por ingerencia en la administración de los prestadores de salud en un proceso que todavía no ha concluido.