Sucesivos gobiernos han anunciado que combatirán los altos índices de evasión del pago del pasaje en los buses del Transantiago, fenómeno que genera una clara fuga de recursos para el sistema. Pero la tarea ha sido compleja: cada día viajan tres millones de usuarios en los buses, por lo que se hace difícil controlar a buena parte de ellos. A eso se suma que algunas empresas han instalado una baja cantidad de torniquetes y zonas definidas que obligan a cancelar con la Bip! antes de subir al bus.

 

De acuerdo a un balance, entregado mediante Ley de Transparencia por el Ministerio de Transportes, entre 2013 y 2017 los equipos de fiscalizadores han controlado a 6.001.850 usuarios. De ese grupo se multó y citó a los respectivos juzgados de policía local a 344 mil personas, es decir, un 5,7% del total de los controlados.

 

La jefa del Departamento de Fiscalización de la cartera, Paula Flores, sostuvo que cada año crece la cantidad de pasajeros sancionados. “A modo de ejemplo, en 2016 un 4,9% de los controlados fueron citados. Este año estamos cerca del 10%, es decir, duplicamos la cifra”, dijo. También aseguró que este crecimiento se debe a que se utiliza una nueva estrategia que contempla focalizar el trabajo en servicios con los mayores niveles de no pago, luego de que el índice de evasión llegara a un 34% a comienzos de este año (tres de cada diez pasajeros viajaba gratis).

 

Añadió que hoy existe mayor eficiencia pues hay, en promedio, 80 fiscalizadores del Ministerio de Transportes y otros 80 de Carabineros, los que realizan diariamente monitoreos, además de operativos masivos. A ellos se suma el personal de las empresas destinado a estas labores.

 

Louis de Grange, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la U. Diego Portales, indicó que este balance da cuenta de que hay “muy poca efectividad en el proceso de fiscalización del Ministerio de Transportes”.

 

Juan Carlos González, gerente de la Fundación Transurbano, señaló que los controles se complican en algunas comunas de Santiago, pues los funcionarios reciben agresiones por parte de los usuarios. Por ello, planteó que una forma efectiva para que las personas accedan al control del pago de pasaje es que aumenten en un grado las penas a los infractores en caso de golpes o amenazas. Sin embargo, esto no ha ocurrido, pues aún no se ha aprobado el proyecto de ley que crea un registro de evasores.

 

 

La cartera y los operadores del Transantiago establecieron, en julio recién pasado, puntos de control conjuntos para chequear si los usuarios han cancelado la tarifa, plan que ha tenido resultados variables.

 

Según cifras del Departamento de Fiscalización, en la unidad de negocios de la firma Alsacia solo se ha constituido un punto de control, donde se han cursado 27 infracciones y 245 controles.

 

En contraste, las unidades de Subus y Redbus poseen 41 puntos de este tipo, en los cuales hay personal de las compañías y la cartera haciendo mediciones. En el caso de Subus, se ha sancionado a 1.124 evasores, tras 12.390 fiscalizaciones. En tanto, Redbus ha registrado un total 735 multados en 13.732 controles.

 

Mientras, aún no hay un plan de fiscalización definido para el tren Alameda-Nos, servicio que está integrado al Transantiago. El gerente general de Tren Central, Juan Pablo Palomino, dijo que hasta el momento este fenómeno “es acotado en las estaciones. Pero al ser parte del sistema, el tren Alameda-Nos debe hacer un estudio específico sobre el comportamiento de los usuarios respecto de este ámbito y las validaciones que se han hecho”.