Los diputados UDI Juan Manuel Fuenzalida, Iván Moreira y Juan Antonio Coloma presentaron, una querella contra quienes resulten responsables por los delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, por el millonario traspaso de $426 millones desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, encabezada por un exintegrante del gabinete de la diputada y extimonel de Revolución Democrática, Catalina Pérez, a la fundación Democracia Viva, cuyo representante es Daniel Andrade, pareja de la parlamentaria.

Fuenzalida advirtió que esta es la primera de “varias acciones de fiscalización” que como bancada tienen preparada, pues hay “muchos antecedentes que hay que corroborar que nos muestras que aquí hubo un modus operandi en materia de transferencias de dineros fiscales hacia fundaciones que no tienen nada que ver con el ente que le hace la transferencia”.

En la misma línea, llamó al propio Gobierno a “actuar con urgencia”: “Aquí las platas fiscales están destinadas para hacer casas. Obviamente, el giro de esta fundación no era la ejecución de ningún tipo de obras. Es más: frente a la firma del convenio y frente al primer pago que hizo la Seremi de Vivienda de Antofagasta a esta fundación, ni siquiera tenía el giro de ejecución de obra, siendo un convenio que exigía más del 50% de ejecución de obras en los campamentos”.

“Ellos eran la blancura en la política y habría que preguntarles, ¿qué significa esto?”, cerró.

Por su parte, el diputado Coloma criticó: “No hay nada más indignante que los recursos para poder terminar con los campamentos y construir viviendas sociales terminen siendo utilizados en política, porque a esto se dedicaba la fundación”.