"El centro que mantenía unida a la comunidad política chilena era, de hecho, la presidencia", escribió Giovanni Sartori al analizar el pluralismo polarizado chileno previo a 1973. La afirmación, pensada para un sistema fragmentado pero estructurado, resulta hoy sorprendentemente actual. Sin embargo, el contexto ha cambiado de manera sustantiva: ya no enfrentamos solo polarización, sino una forma más compleja  de atomización polarizada.

En el escenario que describía Sartori, Chile contaba con bloques ideológicos definidos y partidos capaces de articular intereses sociales y ordenar la competencia política. La jefatura del Ejecutivo, dotada de amplias atribuciones, operaba como un punto de referencia que aportaba cohesión en medio del conflicto. La competencia era intensa, pero se desenvolvía dentro de estructuras organizacionales relativamente estables, lo que permitía a la presidencia contribuir al orden del sistema político.

Hoy, en cambio, la política chilena se mueve en un espacio marcado por la fragmentación extrema de actores, la debilidad de los partidos y una polarización que no solo enfrenta a grandes campos ideológicos, sino que los divide internamente. No predominan estructuras partidarias sólidas, sino liderazgos personalistas, organizaciones frágiles y electorados volátiles. La confrontación es alta en lo retórico y emocional, pero carece de mecanismos eficaces para procesar el conflicto. La polarización ya no ordena el sistema político sino que lo tensiona y lo dispersa.

La conformación del gabinete de José Antonio Kast tras su victoria electoral de diciembre de 2025 ilustra con claridad estas dificultades. El Ejecutivo entrante no se ha constituido sobre la base de una coalición de gobierno propiamente tal. Según los propios dichos del presidente electo, no existe una coalición, sino un esquema de "colaboración" entre actores diversos, sin compromisos programáticos expresos - más allá de la presunta "emergencia" - ni estructuras de coordinación estables. Esta definición no es menor: refleja las limitaciones del entorno político y puede estar anticipando los desafíos de gobernabilidad que enfrentará la nueva administración.

El gabinete se construyó, en consecuencia, mediante la articulación de fragmentos heterogéneos: un núcleo republicano con limitada capacidad organizacional; partidos tradicionales con altas expectativas de representación, pero sin el peso político de ciclos anteriores; y diversos grupos minoritarios en busca de cargos estatales para asegurar la supervivencia política. Sectores libertarios, con líneas rojas definidas y desacuerdos respecto del diseño gubernamental, han quedado —al menos por ahora— fuera de cualquier esquema de colaboración regular.

El resultado es un gabinete marcadamente híbrido, compuesto mayoritariamente por independientes y figuras de confianza vinculadas al mundo empresarial, más que por cuadros orgánicos de los partidos. Este diseño, lejos de revertir la crisis de intermediación, tiende a profundizarla, consolidando un sistema de partidos desinstitucionalizado. La debilidad de las estructuras partidarias no se corrige, sino que se asume como dato, trasladando el peso de la coordinación política a redes corporativas, vínculos personales y a la autoridad presidencial.

Este arreglo descansa, además, en una apuesta implícita: que el presidente electo logre mantener niveles relativamente altos de popularidad y respaldo en la opinión pública, capaces de compensar la ausencia de una coalición formal y de partidos disciplinados y vigorosos. La legitimidad plebiscitaria y el apoyo ciudadano pasan así a cumplir una función sustitutiva de los anclajes organizacionales que tradicionalmente sostenían la acción de gobierno.

La experiencia histórica muestra, sin embargo, los límites de cargar en exceso esta función sobre el Ejecutivo. La elección de 1970, con un presidente elegido con el 36 % de los votos en un sistema tripolar, evidenció las tensiones de un modelo que descansaba en la presidencia para mantener cohesionada a una comunidad profundamente dividida. Cuando se quebró el reconocimiento de la legitimidad del gobierno constitucional, ese centro se fracturó, con consecuencias dramáticas para la democracia chilena.

La fragilidad actual tiene un origen distinto. No proviene de un exceso de organización ni del enfrentamiento entre bloques ideológicos sólidos, sino de la ausencia de mecanismos eficaces de intermediación política. Hoy el sistema político se tensiona menos por choques frontales entre actores estructurados que por la acumulación de presiones dispersas, demandas corporativas, disputas internas y liderazgos de corto plazo.

En este contexto, el liderazgo del gobierno enfrenta exigencias extraordinarias. Ya no basta con administrar el Estado o negociar con fuerzas políticas reconocibles. Se requiere construir acuerdos en un terreno hostil, resistir la tentación de profundizar la polarización para consolidar la base propia y sostener la legitimidad institucional cuando las instituciones representativas cuentan con bajo respaldo ciudadano. Cada decisión se adopta sin los amortiguadores que antes ofrecía un sistema de partidos vigoroso.

Pero sería un error y una injusticia cargar toda la responsabilidad en el Ejecutivo. Una tarea crucial recae también en los partidos que expresan la centralidad democrática. En un escenario de atomización polarizada, estos actores deben asumir costos de corto plazo para actuar como diques frente a la radicalización opositora o gobiernista, articular consensos mínimos y mantener el conflicto dentro de cauces institucionales. Su debilitamiento no es solo un problema sectorial, sino una amenaza sistémica.

Gobernar la atomización polarizada no puede depender exclusivamente del liderazgo presidencial ni de la popularidad coyuntural del gobernante. Requiere reconstruir estructuras mediadoras que distribuyan la carga del sistema político. Como en arquitectura, cuando las estructuras intermedias se debilitan, el peso se concentra en pocos puntos y el conjunto se vuelve inestable. Apostar a que esa fragilidad sea compensada solo por grupos de interés, liderazgo presidencial y apoyo ciudadano es una apuesta riesgosa, una que ninguna democracia debiera hacer a la ligera y menos en tiempos de erosión democrática global.