María Cristina Prudant

 

Es posible que todavía anden por la vida, hombres y mujeres, sin ninguna preocupación y sin remordimientos de conciencia por lo que hicieron durante la dictadura. Asesinaron y torturaron a hombres, mujeres y niños chilenos. Y todavía, quedan muchas familias en el país sin saber qué pasó con sus seres queridos. Porque quienes tienen la información no la han entregado. Según dicen existen los pactos de silencio en las Fuerzas Armadas y es allí donde está toda la información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos asesinados cruelmente.  

“Quienes fuimos militares y nos opusimos al golpe, sabemos que los nombres de cada oficial que estuvo a cargo de las unidades militares, preparadas como campos de detención y de todo el personal a su cargo, están en los registros militares o en la memoria de quienes participaron en cada uno de esos hechos” asegura en una de sus columnas Enrique Villanueva ex miembro de la Fuerza Aérea de Chile, ex prisionero político.

En su opinión “los pactos de silencio, mal interpretados como un “código de honor”, más propio de la mafia siciliana, permiten que los autores intelectuales y materiales de abusos, torturas y crímenes guarden silencio, protegiéndose y protegiendo a sus superiores jerárquicos o pares. Un pacto de silencio que abarca no solo a militares, sino que, a políticos y empresarios, quienes en conjunto con los mandos superiores de las FFAA planificaron el golpe cívico militar, la represión y luego formaron gobierno”.

En los últimos días el país se ha enterado de la existencia del teniente (r) del Ejército, Adolfo Rojas Bustamante, quien a través de la red social Twitter “confesó haber participado en diversas ejecuciones y asesinatos de ciudadanos chilenos” durante la dictadura cívico-militar. Rojas fue partidario y apoyo del político de extrema derecha José Kast, candidato presidencial en la última elección. También fue candidato a Concejal por la UDI en La Cruz como se ve en este afiche.


A partir de una respuesta que realizó por Twitter al periodista de CNN Chile, Daniel Matamala, Rojas -quien se describe además como “Licenciado en Historia y Ciencias Militares”- expresó algunas afirmaciones que fueron rápidamente viralizadas y repudiadas por los usuarios de la red social.

La más alarmante es probablemente aquella en donde reconoce haberle quitado la vida a otras personas. “No asesinamos a nadie, combatimos contra valientes y fusilamos a los que tenían que morir”, dijo, ironizando con que -“en todo caso”, como escribió- los muertos serían “menos que los niños del Sename en “Democracia””.

Al ser interpelado por esta declaración, agrega el citado medio, en términos de que si participó de acciones como esa debe entregar la información que tenga, el capitán (r) del Ejército se burló de la siguiente forma: “En las morgues, en los ríos, en los cementerios, donde cayeron muertos por dispararnos, otros al mar como maracos en la época de Ibañez, pero la mayoría en el Patio 29 o los dejábamos en las embajadas o frontera para arrancar de la bruja (sic)”.

Cabe señalar que en un texto enviado a El Ciudadano por Adolfo Rojas este insiste en lo expresado por la red social, señalando que “lo que dije por Twitter y que originó mi eventual fama de asesino lo reafirmo”.

Junto con ello asegura sentirse “arrepentido” por “haber mencionado e involucrado a los ‘Maracos de Ibáñez'”, en referencia al lanzamiento al mar de homosexuales que se le atribuye al ex presidente chileno durante su primer mandato.

Por último, el militar (r) reafirma igualmente “que algunos muertos, no todos, fueron lanzados al mar, están o fueron enterrados en fosas comunes, otros entregados a las morgues, otros aún están en el patio 29 y muchos fueron declarados como detenidos desaparecidos, pero poco a poco van apareciendo”.

Ex Militar con líder de la extrema derecha JA Kast

En el año 2016 este capitán en retiro fue candidato a concejal por la comuna de La Cruz, en la provincia de Quillota. Como era de esperar, fue Chile Vamos y la UDI quienes apoyaron su carrera como representante popular en dicha municipalidad.

El abogado de Derechos Humanos Héctor Salazar dijo que en estos casos como el de Adolfo Rojas “solo queda apelar al proceso interno,  la conciencia de las personas para ver si en algún momento su visión de ser involucrado cambia y se deciden a colaborar con la justicia, que es donde se tienen que procesar todas estas cosas”.

“Creo que si él ha hecho declaraciones públicas en ese sentido hay que ver bien que precisiones hace sobre los hechos en que se vio involucrado o si está hablando muy genéricamente, pero no me cabe la menor duda que las causas que se está investigando  en relación a derechos humanos, obviamente va a ser llamado a declarar para que especifique porque todavía hay cosas que no se resuelven y el canal , el camino para encontrar un resultado final y una verdad son únicamente los tribunales de justicia”.

Como este militar en retiro todavía circulan quienes manejan información sobre detenidos desaparecidos y no la han llevado a la justicia. El abogado Salazar cree que en esa condición  “hay bastante gente y de hecho los avances que hemos tenido en las investigaciones, los últimos años, tienen que ver con gente que estuvo involucrada y que ya pasado los años y por razones de conciencia o remordimientos han entregado información a los jueces y eso ha permitido avanzar. Donde los déficit son mayores es  en la poca colaboración institucional hay respecto a la información que se recaba”.

El abogado no descartó que también “pueda ser una persona que está alterada sicológicamente y que sencillamente está fantaseando o puede ser una persona que efectivamente tenga información y haya participado en hechos delictuales. En cualquiera de los casos creo que es necesario llegar a tribunales para que esa  persona entregue la información que dice tener”.

“Sería importante que esta persona sea requerida por los tribunales para comparecer allí que es donde hay que plantear estas cosas. Este tipo de declaraciones generan expectativas también entre los familiares de las víctimas y por eso se debe manejar con delicadeza”.

La ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia María Estela Ortiz sobre este tema dijo que “efectivamente como han dicho los familiares que todavía existe información y mucha en relación a lo que pasó con los detenidos desparecidos y los ejecutados políticos sigue estando en manos de personas que además se jactan de lo sucedido, desvergonzadamente”.

“Lo terrible es que estamos en un país que esto lo acepta. Me parece gravísimo totalmente desde todo punto de vista la desfachatez de este tipo y que no pase nada, que nadie lo denuncie a la justicia” manifestó.

Ortiz aseguró que “hay que seguir insistiendo en que quienes tienen información sean responsables con el país, con los familiares, que tengan algún día ética, que digan que4 es lo que ha pasado y que entreguen la información a los tribunales. La verdad, que en este caso debieran citarlo a declarar frente a los miles de casos que aún están abiertos”.

El abogado Ramón Briones cree que “son muchos los que andan por ahí con información porque ya deben estar bordeando los 60 años ya. Fueron los conscriptos los que colaboraron en esas época. No sería raro que el cargo de conciencia les empezara a despertar las ganas de alivianar la carga, asi es que tiene que haber mucha gente que no tiene antecedentes oficiales, pero que conoció los hechos”.

“No me cabe duda que hay gente de menor rango que sabe muchas cosas  de la época y que no han hablado por temor o porque no se ha descubierto, entonces a veces la conciencia opera puede ser que hablen ahora algunas cosas. Pero lo central ya lo sabemos. Yo diría que no hay muchas cosas nueva que descubrir . Mi impresión es que lo central ya se sabe, más o menos cuantos fueron los principales líderes de la represión y gente que colaboró en cosas menores y que no es fácil de pesquisar”.

El abogado recordó que junto al también abogado Hernán Bosselin “denunciamos el año 89 la destrucción de los documentos . El Contralor de la época se demoró un año y nos contestó cuando ya estaba gobernando Patricio Aylwin. Nos informó que se habían destruido los archivos de la CNI y después se supo que el 2000 se destruyó lo que quedaba. Esos documentos que son destruidos tienen que tener bitácoras de patrullas y muchas cosas. Que podrían haber dado luces sobre los detenidos desaparecidos”.