En el marco de la operación Oro Rojo que llevó adelante la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Coquimbo, fue detenido Francisco San Martín Álvarez, un conocido empresario de la zona y exprecandidato a alcalde del Partido Republicano que lidera José Antonio Kast, tras ser sindicado como el líder de una organización criminal dedicada al robo, comercialización y exportación ilegal de cobre.
Según la investigación, la banda operaba en Calama, Coquimbo, Valparaíso y Santiago. El jefe regional de la PDI, prefecto inspector Ernesto Bórquez, sostuvo que “esto se inicia como un delito receptación aquí en La Serena y posteriormente se da los acumuladores en Calama. Posteriormente transportan el cobre hasta la ciudad de Coquimbo y luego hasta el destinatario final que son unas fundiciones en Santiago para elaborar cables de cobre que son exportados hacia India y Bélgica”.
En los operativos se detuvo a 18 personas, entre ellos 7 extranjeros. Además, se incautaron $160 millones, 10 vehículos y motos. El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, dijo que en esta causa “se demuestra la fortaleza del trabajo policial e investigativo”, agregando que se dio un “golpe económico a una organización criminal”.
En la audiencia de formalización de cargos, el fiscal Nicolás Zolezzi imputó a Francisco San Martín Álvarez su presunta participación en una asociación criminal, receptación, lavado de activos y delitos tributarios quedando en prisión preventiva. Según publicó El Mostrador, “el nombre San Martín sonó mucho como carta del Partido Republicano para arrebatarle el sillón municipal al actual alcalde Alí Manouchehri”.
Es más hay fotos del detenido con el propio Kast, ofreciéndole una cena en Coquimbo, donde aparecen otros dirigentes republicanos. Otras versiones señalan que San Martín le ofreció, su casa en Las Tacas, para que el candidato se alojara allí cuando estuviera en la región
Durante el año 2020 el hoy imputado postuló al cabildo regional logrando 8 votos según consta en las actas del partido Republicano.
Con respecto a la investigación judicial concedió un plazo para obtener información desde teléfonos celulares incautados a los imputados.
