Por Jorge Múñoz V.

El martes pasado, la sala del Senado analizó en tercer trámite constitucional  el proyecto de ley sobre Inteligencia Económica y que mejoran el combate contra el Crimen Organizado, que la administración Kast no le ha puesto urgencia en sus tres meses de gobierno.

La Comisión de Seguridad -por unanimidad- había recomendado aprobar el texto con la sola excepción del artículo 1 para que se fuera a Comisión Mixta que trata sobre ámbito de acción del sistema de inteligencia económica; pero sorpresivamente las derechas pidieron votación separada del artículo 11 que regula la facultad administrativa para la UAF (Unidad de Análisis Financiero) para levantar el secreto bancario en el marco de las investigaciones a bandas de crimen organizado, lo que generó un intenso debate previo entre los senadores partidarios de levantar el secreto bancario y las derechas que emergieron con un discurso de oposición a está facultad para la UAF.

La sala del Senado votó dos veces porque se produjo un empate a 23 votos a favor de toda la oposición a favor de levantar el secreto bancario y 23 votos en contra de todas las derechas, para no levantar el secreto bancario.

El reglamento establece que en proyectos sin urgencias en la sesión próxima se debe repetir la votación; pero esto se produjo el mismo día en que la Fiscalía nos informó de la Operación Tokio donde ha quedado demostrado que el Tren de Aragua realizó operaciones de lavado de $78.000 millones vía 6 bancos de la plaza.Y con dos ejecutivos bancarios, uno del Banco Santander y otra del BancoEstado como parte del importante engranaje de este grupo de delincuentes. Es más, la ejecutiva del BancoEstado no era directiva de cuentas corrientes sino que ejecutiva de empresas de la entidad estatal.

El operativo policial, liderado por la Fiscalía Sur y la PDI, detuvo a 19 personas involucradas en una estructura que operaba bajo fachadas de productoras de eventos y locales nocturnos. Los fondos provenían de delitos violentos como extorsiones, explotación sexual y secuestros.

La célula movía el dinero rápidamente utilizando diversas cuentas bancarias (conocidas como "cuentas puente") para luego transformarlo en criptomonedas y enviarlo al extranjero sin levantar sospechas iniciales; revelando así por enésima vez que el crimen organizado tiene una presencia activa en la banca chilena vía lavado de activos.

Por su parte, en el marco de las repercusiones políticas de la Operación Tokio el Fiscal Nacional Angel Valencia respaldó el levantamiento del secreto bancario porque eso mejoraría las herramientas de combate al Crimen Organizado.

Adicionalmente, la senadora Yasna Provoste, jefa del Comité Unido de senadores opositores, enfatizó a Cambio2 emplazando a los senadores de las derechas: “La derecha se tiene que decidir: ¿damos un golpe real al dinero ílicito del crimen organizado o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates en el Senado? Este martes se vota en el Senado la facultad para que la Unidad de Análisis Financiero pueda levantar el secreto bancario en casos acotados y Chile espera una señal clara contra estas bandas delictuales”.

La senadora Provoste en conversación con Cambio21 añadió que “la Operación Tokio mostró las falencias y la debilidad institucional ante el lavado de activos que presenta la banca, ya que se detectaron operaciones sospechosas en 6 bancos; lo que hace urgente enfrentar con más herramientas el crimen organizado que está acá en Chile operando y no podemos ser ciegos ante esa realidad”.

Provoste añadió que “el proyecto que votamos este martes (mañana) en el Senado, debe ser el vehículo para que como país tengamos reales herramientas para combatir la ruta del dinero ílicito de las bandas de crimen organizado como es levantar el secreto bancario cuando sea solicitado por la UAF”.