Durante esta jornada de lunes, en el Palacio de La Moneda, se entregó el informe de la Comisión para la Relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado.

Recordemos que la instancia estuvo presidida por María Jaraquemada y también integrada por los comisionados Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero.

Tras 45 días de trabajo, y luego de escuchar a académicos, exautoridades y recibir propuestas de la ciudadanía, las y los expertos propusieron 46 medidas.

Esto, para “mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, las que tendrán que ser evaluadas por el Ejecutivo para su posible implementación”.

Durante la ceremonia estuvo presente el presidente Gabriel Boric, quien calificó el informe como algo que “nos permite reaccionar de manera firme ante la gravedad de los casos que hemos visto”.

Esto, con la finalidad de “combatir la corrupción, pero por sobre todo cuidar la democracia y sus instituciones”.

“Cada peso que se desvía a otros intereses significa además reducir la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía”, agregó el mandatario.

Finalmente, aseguró que “el camino no termina acá” con el informe, sino que “queremos realmente enfrentar una modernización de la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”.

Entre las iniciativas destaca la propuesta de Ley general de transferencias que regule de manera general y supletorio las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro.

Además, ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) y crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas.

A lo anterior se suma la creación de un portal electrónico de información sobre transferencia de recursos públicos al sector sin fines de lucro.

En el ámbito municipal, aumentar estándares de control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio.

Asimismo, establecer la obligación de alcaldes/as de informar al Concejo Comunal de transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto. Lo mismo para Gobernadores respecto del CORE.

En esa línea, también se propone que Contraloría envíe antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER) de infracciones de Gobernadores Regionales, Gobiernos Regionales (GORES) y Alcaldes.