A través de una declaración, los candidatos presidenciales de la oposición, Pamela Jiles, Ximena Rincón, Heraldo Muñoz, Pablo Vidal y Jaime Mulet se comprometieron a combatir la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado y en el presente en Chile.

Este es el texto completo de la declaración de los pre candidatos y pre candidatas presidenciales:

"Las y los candidatos presidenciales abajo firmantes expresamos nuestro compromiso con el ejercicio pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia representativa, en Chile y en el mundo.

Nos comprometemos a combatir la impunidad frente a las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en Chile en el pasado y el presente, considerándolas contrarias a las obligaciones generales del Estado y a los tratados internacionales suscritos por Chile. El compromiso debe ser con la verdad, la justicia que no puede tardar, la reparación y garantías de no repetición.

 

Manifestamos nuestro pleno respaldo al principio de la abolición definitiva de la pena de muerte en nuestro país, de acuerdo con nuestro ordenamiento interno y los tratados internacionales suscritos por Chile.

Reiteramos la importancia de la independencia de los poderes del Estado, la alternancia en el poder, las libertades de expresión y reunión, el derecho de acceder a información pública, y la rendición de cuentas, entre otros, como elementos consustanciales a la democracia que permiten que las instituciones funcionen con transparencia y al servicio de los ciudadanos, resguardando y fortaleciendo los procesos democráticos.

 

Nos comprometemos a fortalecer la dimensión constitucional de los derechos humanos, y los mecanismos para su protección como el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez,

Adherimos a un compromiso para promover un desarrollo inclusivo y sostenible basado en los derechos fundamentales de las personas,; el respeto a los derechos de los pueblos originarios en el marco de un estado plurinacional; velar por la equidad de género, la protección de la diversidad, la seguridad y los derechos humanos en sus diversas generaciones; luchar contra la impunidad y la corrupción; garantizar el acceso a la justicia para todas las personas; y fortalecer los espacios democráticos y de participación.

 

Condenamos enérgicamente las violaciones de los derechos humanos, donde quiera que ocurran, e independientemente de quien sea responsable de ellas. Ya sea en nuestro país, con motivo de las violaciones graves ocurridas durante y después del estallido social, o en cualquier otro.

En América Latina y el Caribe, condenamos al régimen de Nicolas Maduro en Venezuela, donde, según un Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha habido violaciones generalizadas y sistemáticas a los DDHH, registrándose ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones ilegales, todos estos crímenes de lesa humanidad.

 

De igual manera, expresamos nuestro repudio a las violaciones a los derechos humanos en Brasil y al discurso de odio de Jair Bolsonaro, admirador del pinochetismo, quien ha legitimado las ejecuciones sumarias y la impunidad perpetradas por la policía, y los asesinatos de ambientalistas y líderes indígenas. Asimismo, en la región condenamos las violaciones a los DDHH que ocurren en países como Cuba, Nicaragua, El Salvador y Honduras, entre otros. De manera especial, condenamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado y violaciones a los derechos humanos que se han registrado en Colombia en días recientes.

 

Nos oponemos a cualquier interpretación que pretenda limitar el alcance universal del respeto a los derechos humamos, tales como la tesis de los “valores asiáticos” que ha pretendido cuestionar el carácter universal de los derechos humanos, por supuestas singularidades culturales de países de Oriente, a los cuales, según este postulado, no se les debiera aplicar los principios de defensa y promoción de los DDHH. Es deber de la comunidad internacional promover pacíficamente la aplicación universal de los derechos humanos, a la cual ningún Estado puede oponerse aduciendo el principio de no-intervención.

 

Reconocemos que las empresas, ya sean locales o extranjeras, operadas pública o privadamente, generan empleos, ingresos, bienes y servicios necesarios para hacer realidad los derechos humanos, pero también pueden tener impactos negativos en los derechos de las personas y las comunidades. Urge erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas de suministro, y asegurar el trabajo decente y salarios dignos.

 

Apoyaremos la acción de Naciones Unidas, a través de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos, y fortaleceremos nuestra participación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cumpliendo rigurosamente sus recomendaciones y sentencias.

 

Reafirmamos la vigencia de los instrumentos jurídicos internacionales más relevantes para Chile, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y sus Protocolos Facultativos (1966); el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio (1948); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1967); la Convención contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (1984); la Convención sobre los Derechos del Niño (1989); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990); la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006); la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Para" (1996); la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, el Convenio 189 sobre Trabajadores Domésticos de la OIT, y demás instrumentos universales y regionales que protegen los derechos humanos.

 

Nos comprometemos a que Chile adhiera al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, por su importancia para la protección de derechos humanos vinculados al medio ambiente. Hacemos presente que este acuerdo fue negociado bajo la conducción de Chile y Costa Rica.

Igualmente, nos comprometemos a que Chile suscriba el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas.

 

Promoveremos la pronta ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado Protocolo de San Salvador.

Promoveremos la adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales entre los actores comerciales y financieros, para garantizar que las actividades empresariales se lleven a cabo en consonancia con el respeto por la dignidad fundamental y el bienestar de las personas y la sociedad. Paralelamente, promoveremos una actualización del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos.